Convendrán con nosotros que lo de la pederastia infantil ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un problema de gran envergadura. Hace unos días, agentes de la Policía Nacional detuvieron nada menos que a veintiséis personas y, al mismo tiempo, imputaban a otras diez más, en una nueva operación contra la tenencia y distribución de pornografía infantil en Internet. La operación se ha desarrollado prácticamente en toda España, porque han sido dieciocho las provincias controladas durante casi dos años y que ha dado como resultado la incautación de miles de archivos de contenido pedófilo. De acuerdo con la información policial, la investigación acabó luego de treinta y cuatro registros en los que se intervinieron diez ordenadores, setenta y ocho discos duros, un lápiz de memoria y 673 cedés y deuvedés todos con el mismo contenido.
La operación comenzó en mayo del año pasado, cuando un ciudadano denunció en la comisaría de Torrent, en Valencia, la existencia de unos archivos con contenido de pornografía infantil en Internet, y desde ese momento los investigadores del Grupo de Delitos Tecnológicos de Valencia se centraron en localizar a los usuarios que pudieran estar compartiendo este tipo de archivos en redes de intercambio de ficheros. Los agentes localizaron a varios usuarios que estaban poniendo a disposición del resto de personas un fichero con distintos nombres que hacían clara referencia al contenido de pornografía infantil, llegando a ubicar todos los usuarios en varias provincias españolas. Una vez identificados los domicilios desde donde se realizaba la distribución de los archivos, se practicaron treinta y cuatro registros en Palencia, Murcia, Vizcaya, Granada, Cantabria, Melilla, Mérida, Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Valencia, Cuenca, Cádiz, Málaga, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. Como escuchan y les hemos dicho antes, sólo unas cuantas capitales de provincia se han escapado en esta ocasión de aparecer en público como ciudades que cobijan a este tipo de desalmados y mal nacidos.
Por supuesto que aceptamos que se trata de personas enfermas, porque si no lo decimos nosotros no tardarán en recordárnoslo, y porque de otro modo no entenderíamos semejante degradación de principios de un ser humano. Y decimos que deben ser personas que no deben andar del todo bien de la cabeza, porque su verdadera dedicación a lo largo del día no parece que sea otra que la intercambiar fotografías y vídeos de niños y niñas desnudos, con las que parece que alcanzan el placer que no consiguen como el resto del mundo. Uno acepta a quienes no se rigen por los mismos cánones que la mayoría, especialmente cuando de sexo se trata, pero todo debe tener un límite y muy especialmente cuando se trata de menores de edad, a los que la sociedad y los poderes instituidos deben defender contra este tipo de personas.
Y como resulta que son legión, que además son cientos los que se unen diariamente a estos dislocados sexuales, el resto del mundo debe echar una mano informando a quienes los pueden controlar y detener, porque es la única forma legal conocida de llevarlos a prisión. Y esa es la otra, que ahora, entre una justicia farragosa por demás, unos abogados escogidos de entre los mejores y unos tribunales que de vez en cuando nos recuerdan que casi es mejor que los quitaran de en medio, no crean ustedes que la totalidad de los detenidos en esta última redada, por ejemplo, acabarán con sus huesos en la cárcel, porque se equivocan. Entre la confección del sumario y la sentencia pasarán entre dos y cuatro años, y para cuando el detenido conozca la condena habrá tenido tiempo para hacerse acreedor de otra incluso mayor, porque habrá seguido invirtiendo su tiempo en la misma actividad que antes. Cambiará de nombre, de ordenador, de servidor de Internet, de cara si hace falta, de fórmulas de aproximación a los críos o de cualquier otra treta con tal de mantener firme su deseo de disfrutar sexualmente con fotos y vídeos de niños y niñas desnudas. Por eso es fundamental que la familia controle a sus hijos frente al ordenador, compartiendo con ellos la preocupación que generan este tipo de noticias y recordándoles que en ninguna circunstancia y bajo ningún motivo deben dar sus datos, sus números de teléfono, sus direcciones o cualquier otro que facilite a otras personas su localización.
