Conforme pasan los días crece la desconfianza de la ciudadanía en quienes la depositó, es decir, en la clase política. Por si faltaba algo para que el deterioro de la imagen de ellas y de ellos aumentara casi exageradamente, sólo hay que escucharles para entender que el único fin que persiguen es el poder. De cómo lo están pasando quienes buscan empleo o de cómo subsisten familias enteras que ya no tienen dónde acudir en busca del pan de cada día, no parece que estén interesados, especialmente quienes no arriman el hombro ni empujándoles, que además rezuman odio y miedo por todos sus poros, quizás porque saben de antemano que los procesos judiciales que todavía están confeccionándose, acabarán pasándoles factura y dejarán al descubierto los tejemanejes a los que nos solemos referir cuando tratamos de fotografiar fielmente para qué quieren algunos en realidad la política. No obstante, estamos convencidos, quizá porque no atisbemos otra salida, que la de crisis se ha llevado y se llevará infinidad de sueños sin realizar, pero también que todo se acaba y que ésta irá paulatinamente dejando paso a tiempos mejores, que es lo que afirma el viejo refrán castellano: “No hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante”. Y también lo estamos que no tardaremos en conocer las consecuencias que se derivarán de todos los procesos judiciales abiertos sobre las personas y los partidos políticos que han metido la mano donde no debían.
Quizás entonces sea el momento de echar el freno y calificar a las cosas y a las personas por sus actos y no generalizar pringando a todos y todas de las ansias de llevarse lo que no es suyo que algunos han mostrado y por lo que en estos momentos se encuentran imputados. De hecho, el año pasado ha sido, con gran diferencia, el año de la corrupción, pero no sólo porque se haya producido la mayor malversación de fondos públicos de la historia, sino porque han sido descubiertos los presuntos autores de la mayoría de ellos y puestos a disposición judicial, lo que representa un paso casi inaudito en nuestra democracia. Los últimos casos conocidos han sido lo de la medalla del ex presidente Aznar, asunto sobre el que trabaja el Tribunal de Cuentas del Estado y para el que casi por unanimidad, en la calle y en las sedes de los partidos políticos, nadie le augura continuidad y están convencidos de que el asunto quedará en nada; y el otro, la salida del gobierno balear de los miembros de Unión Mallorquina a consecuencia, presuntamente, de la implicación de sus líderes en asuntos de prevaricación y cohecho. Antes, como saben, hemos conocido cómo de calentito se han llevado el dinero algunos de nuestros más representativos líderes políticos y los secuaces que se lo preparaban.
Y si la apropiación indebida del dinero de todos es ya de por sí un delito que está condenado penalmente en nuestro país, duele más cuando unimos el robo con la situación de España. En este agravio comparativo encontramos infinidad de razones para justificar el estupor que ha producido en la calle. Y es que, por ejemplo, mientras un ex ministro que primero estuvo junto al ex presidente del Gobierno del Partido Popular y que acabó mandando en Mallorca, que no es otro que Jaime Matas, se hizo con una palacio en el centro de la capital de las islas por mucho menos de su valor en el mercado de forma nada clara, y que lo amuebló, al parecer, con dinero público de forma exagerada y casi merecedora de pecado por el gasto excesivo que supuso y por la ofensa que representó para la ciudadanía, las colas del Instituto Nacional de Empleo acumulan cada vez más personas en las interminables colas que se forman en las puertas. Puede entenderse como demagogia, pero nosotros lo presentamos sólo como un ejemplo de desprecio y ansia de ser más que nadie de quien en ningún momento debió abusar del cargo con el que fue premiado por su fiel electorado.
Cuando les confirmemos a ustedes la suma total del dinero que algunos partidos políticos y algunos de sus integrantes y afines se han llevado de las arcas públicas, entonces es posible que también las hagan suyas y compartan con nosotros que estos desalmados representantes públicos han influido claramente en la ruina de la España que hoy compartimos. Y no tanto por cómo han vivido algunos y por cómo han tirado el dinero de todos otros y sí porque siempre han ido con la mano extendida en busca de quienes mejor pagaran su intervención para transformar terreno rústico en urbanizable. Lo de menos eran las formas, porque en lo que estaban interesados en realidad era en obtener dinero a manos llenas. Si con sus actuaciones, que es evidente que determinaron el precio final de las viviendas construidas, arruinaron a miles de familias, a ellos no les importó. Sólo hay que verlos cuando entran y salen de los juzgados.
Quizás entonces sea el momento de echar el freno y calificar a las cosas y a las personas por sus actos y no generalizar pringando a todos y todas de las ansias de llevarse lo que no es suyo que algunos han mostrado y por lo que en estos momentos se encuentran imputados. De hecho, el año pasado ha sido, con gran diferencia, el año de la corrupción, pero no sólo porque se haya producido la mayor malversación de fondos públicos de la historia, sino porque han sido descubiertos los presuntos autores de la mayoría de ellos y puestos a disposición judicial, lo que representa un paso casi inaudito en nuestra democracia. Los últimos casos conocidos han sido lo de la medalla del ex presidente Aznar, asunto sobre el que trabaja el Tribunal de Cuentas del Estado y para el que casi por unanimidad, en la calle y en las sedes de los partidos políticos, nadie le augura continuidad y están convencidos de que el asunto quedará en nada; y el otro, la salida del gobierno balear de los miembros de Unión Mallorquina a consecuencia, presuntamente, de la implicación de sus líderes en asuntos de prevaricación y cohecho. Antes, como saben, hemos conocido cómo de calentito se han llevado el dinero algunos de nuestros más representativos líderes políticos y los secuaces que se lo preparaban.
Y si la apropiación indebida del dinero de todos es ya de por sí un delito que está condenado penalmente en nuestro país, duele más cuando unimos el robo con la situación de España. En este agravio comparativo encontramos infinidad de razones para justificar el estupor que ha producido en la calle. Y es que, por ejemplo, mientras un ex ministro que primero estuvo junto al ex presidente del Gobierno del Partido Popular y que acabó mandando en Mallorca, que no es otro que Jaime Matas, se hizo con una palacio en el centro de la capital de las islas por mucho menos de su valor en el mercado de forma nada clara, y que lo amuebló, al parecer, con dinero público de forma exagerada y casi merecedora de pecado por el gasto excesivo que supuso y por la ofensa que representó para la ciudadanía, las colas del Instituto Nacional de Empleo acumulan cada vez más personas en las interminables colas que se forman en las puertas. Puede entenderse como demagogia, pero nosotros lo presentamos sólo como un ejemplo de desprecio y ansia de ser más que nadie de quien en ningún momento debió abusar del cargo con el que fue premiado por su fiel electorado.
Cuando les confirmemos a ustedes la suma total del dinero que algunos partidos políticos y algunos de sus integrantes y afines se han llevado de las arcas públicas, entonces es posible que también las hagan suyas y compartan con nosotros que estos desalmados representantes públicos han influido claramente en la ruina de la España que hoy compartimos. Y no tanto por cómo han vivido algunos y por cómo han tirado el dinero de todos otros y sí porque siempre han ido con la mano extendida en busca de quienes mejor pagaran su intervención para transformar terreno rústico en urbanizable. Lo de menos eran las formas, porque en lo que estaban interesados en realidad era en obtener dinero a manos llenas. Si con sus actuaciones, que es evidente que determinaron el precio final de las viviendas construidas, arruinaron a miles de familias, a ellos no les importó. Sólo hay que verlos cuando entran y salen de los juzgados.
