En las sociedades, en los pueblos, no siempre suceden los acontecimientos como debían, o al menos como se programan por parte de los implicados en su control, desde los dirigentes políticos hasta el último ciudadano. Los altibajos que se producen en su normal desarrollo, sin embargo, inevitablemente las caracterizan frente al mundo y al mismo tiempo las diferencian del resto de manera a veces poco satisfactoria. No hace tanto, por ejemplo, observábamos con detenimiento y preocupación a Chile y Argentina, convencidos de que serían capaces de superar las salvajes dictaduras que sufrieron durante años. No obstante, para conseguir la democracia que tanto ansiaban debieron aceptar la Ley de Punto Final que aprobaron sus parlamentos, y que permitía no ser juzgados a los violadores de los derechos humanos y asesinos de civiles. Afortunadamente, no tardaron en plantearse seriamente las razones que les obligaron a aceptar políticamente esta imposición y comenzaron la lucha desde todos los poderes públicos, especialmente espoleados éstos por las opiniones y las denuncias que les llegaban de la mayoría de la ciudadanía, que en ningún momento aceptó que quedaran libres de culpa los dirigentes de sus respectivos países que tanto daño y dolor les infringieron. De hecho, en Argentina está a punto de derogarse la Ley de Punto Final y esto quiere decir que no tardaremos en ver sentados en el banquillo de los acusados a quienes hasta el momento han eludido su responsabilidad en donde tanta sangre inocente se ha derramado.
Entre nosotros la cosa cambia. Aquí se mantienen al frente de las instituciones creadas por la democracia personas ligadas al antiguo régimen y, por lo tanto, con juramentos de fidelidad al Estado totalitario de entonces, lo que les debe dificultar hasta la respiración. Y parece que la gota que colmó el vaso y que les superó violentamente la firmó el juez Baltasar Garzón, que se atrevió a autorizar la búsqueda de las fosas en las que supuestamente se encontraban enterrados los represaliados durante la guerra civil. Desde el bando político opositor, lo primero que se oyó decir era que no era bueno para la democracia remover la tierra en busca de cadáveres, porque suponía reavivar el odio. Suponemos que lo dirían convencidos de que es lo que pensarían ellos si se encontraran en la situación de los familiares que buscan a sus deudos desde la finalización de la contienda fratricida que vivió nuestro país en los años treinta. Desde el Poder Judicial se ha observado el desarrollo de lo que en este organismo se entendía como una alteración de la convivencia democrática, con recelo y preocupación. De hecho, a lo largo de este tiempo no ha sido la primera vez que hemos escuchado o leído que han echado mano a la Ley de Amnistía en vigor para intentar parar el cada vez más compartido grito de justicia que les llegaba de parte de los familiares de los asesinados, que insistían en su justificada necesidad de enterrar a los suyos, padres, hijos o hermanos, lejos de la fosa común en la que han estado por años.
España ha pagado muy cara la transición democrática, aunque nadie lo quiere reconocer y menos admitir. Y se entiende si tenemos en cuenta que los tiempos que corren no tienen parecido con los primeros de la democracia, cuando pocos creían en la nueva era de libertad. Ahora, justo cuando hemos conocido la última decisión del Consejo General del Poder Judicial, de pararle los pies al juez Garzón por el asunto de la Ley de la Memoria Histórica y de anular parte de las escuchas telefónicas realizadas por la policía en el caso Gürtel, que permitió descubrir la trama que encabezaba el tal Correa, y todo lo demás, en las que algunos dirigentes del Partido Popular parece que están metidos hasta las trancas, comprobamos que, ante una situación de tanto calado, con la financiación ilegal del Partido Popular de por medio y con la aparente implicación de sus máximos dirigentes, los hombres y mujeres que completan el organigrama de este consejo han sido posiblemente superados por momento tan crítico y no menos por las presiones que han debido recibir de parte de los amenazados por asunto tan sucio.
Sin embargo, la que ha perdido ha sido la ciudadanía, que es posible que se vea privada de conocer la verdad de algo que le compete directamente, ya que el dinero que supuestamente se han llevado unos ladrones de guante casi blanco es suyo y es a ella a quien jueces y políticos deben dar explicaciones. Si no lo hacen, si no se llega al fondo del caso Gürtel, estaríamos en condiciones de asegurar que nuestra democracia es, como España, diferente.
Entre nosotros la cosa cambia. Aquí se mantienen al frente de las instituciones creadas por la democracia personas ligadas al antiguo régimen y, por lo tanto, con juramentos de fidelidad al Estado totalitario de entonces, lo que les debe dificultar hasta la respiración. Y parece que la gota que colmó el vaso y que les superó violentamente la firmó el juez Baltasar Garzón, que se atrevió a autorizar la búsqueda de las fosas en las que supuestamente se encontraban enterrados los represaliados durante la guerra civil. Desde el bando político opositor, lo primero que se oyó decir era que no era bueno para la democracia remover la tierra en busca de cadáveres, porque suponía reavivar el odio. Suponemos que lo dirían convencidos de que es lo que pensarían ellos si se encontraran en la situación de los familiares que buscan a sus deudos desde la finalización de la contienda fratricida que vivió nuestro país en los años treinta. Desde el Poder Judicial se ha observado el desarrollo de lo que en este organismo se entendía como una alteración de la convivencia democrática, con recelo y preocupación. De hecho, a lo largo de este tiempo no ha sido la primera vez que hemos escuchado o leído que han echado mano a la Ley de Amnistía en vigor para intentar parar el cada vez más compartido grito de justicia que les llegaba de parte de los familiares de los asesinados, que insistían en su justificada necesidad de enterrar a los suyos, padres, hijos o hermanos, lejos de la fosa común en la que han estado por años.
España ha pagado muy cara la transición democrática, aunque nadie lo quiere reconocer y menos admitir. Y se entiende si tenemos en cuenta que los tiempos que corren no tienen parecido con los primeros de la democracia, cuando pocos creían en la nueva era de libertad. Ahora, justo cuando hemos conocido la última decisión del Consejo General del Poder Judicial, de pararle los pies al juez Garzón por el asunto de la Ley de la Memoria Histórica y de anular parte de las escuchas telefónicas realizadas por la policía en el caso Gürtel, que permitió descubrir la trama que encabezaba el tal Correa, y todo lo demás, en las que algunos dirigentes del Partido Popular parece que están metidos hasta las trancas, comprobamos que, ante una situación de tanto calado, con la financiación ilegal del Partido Popular de por medio y con la aparente implicación de sus máximos dirigentes, los hombres y mujeres que completan el organigrama de este consejo han sido posiblemente superados por momento tan crítico y no menos por las presiones que han debido recibir de parte de los amenazados por asunto tan sucio.
Sin embargo, la que ha perdido ha sido la ciudadanía, que es posible que se vea privada de conocer la verdad de algo que le compete directamente, ya que el dinero que supuestamente se han llevado unos ladrones de guante casi blanco es suyo y es a ella a quien jueces y políticos deben dar explicaciones. Si no lo hacen, si no se llega al fondo del caso Gürtel, estaríamos en condiciones de asegurar que nuestra democracia es, como España, diferente.
