Las mujeres que han decidido
denunciar al hombre que las maltrataba tienen, desde hace unos meses, un
contratiempo más, y es que deben pagar una tasa judicial para poder
divorciarse. Es decir, que además del justificado miedo a enfrentarse a su
agresor, a no poder ser independientes, a perder a los hijos y las dificultades
económicas que invariablemente se le añaden para poder seguir adelante
solas, ya no son los únicos obstáculos para salir de una vida llena de violencia,
ya que ahora se enfrentan también a la incertidumbre de saber cuándo por fin se
hará efectiva la Ley
de Justicia Gratuita que las eximiría del pago. Desde que se aprobó, el pasado
mes de noviembre, la Ley
de Tasas Judiciales, sabemos que todo aquel que presente una demanda por lo
civil tendrá que pagar las tasas aprobadas, independientemente de que gane o
pierda el juicio. Hasta entonces esta medida solo se aplicaba a las personas
jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa. Ahora, sin
embargo, afecta a todas las personas físicas y se amplía además a la
jurisdicción social. Como conocen, esta Ley no preveía exención alguna, salvo
aquellos casos que se trataran de demandas de divorcio donde hubiera menores de
edad y solo se solicitara la pensión alimenticia.
Lo que ocurre es que, en un país donde las mujeres ganan menos sueldo y el paro les afecta más que a los hombres, esta situación las hace aún más vulnerables, lo que explica que si antes las mujeres no acudían a los juzgados por miedo, ahora lo harán mucho menos porque no podrán hacer frente a un proceso que les puede llegar a costar más de 800 euros, ya que la tasa está compuesta por una parte fija que depende del tipo de instancia y que puede ir desde los 300 hasta los 1.200 euros, y además un porcentaje sobre la cuantía procesal. Por lo tanto, la incertidumbre para este colectivo es total. Es cierto que en el mes de noviembre, el ministro de Justicia, aseguró que las víctimas de violencia de género estarían incluidas dentro de
A todo esto debemos añadir que el proceso de implantación de la ley de tasas ha sido complejo y ha hecho más difíciles los procesos de divorcio, entre otras razones porque existe una manifiesta descoordinación y descontrol total entre juzgados. Y es lo que faltaba para que las complicaciones surjan en los procesos y se alarguen en el tiempo. Si existe o no una decidida intención del Ejecutivo de enfrentarse al problema que él mismo ha creado es algo que deseamos no pase mucho tiempo en beneficio de los protagonistas del divorcio, porque recordemos que de por medio siempre están los niños y éstos no deben involucrarse en ningún caso con los personales egoísmos que surgen a la sombra de estos procesos.
Lo del Ministerio de Justicia, aunque
se diese mucha prisa, no es de recibo puesto que, una vez más, las mujeres que viven bajo presión y
que finalmente deciden denunciar a sus
maltratadores, tienen que vérselas, al menos hasta que el decreto ley
vea la luz, con el pago de unas tasas desproporcionadas e injustas. Y menos mal
que se ha atendido la llamada de socorro de este colectivo, porque de otra
forma sería inaceptable el hecho de que, una vez aceptada que su situación
económica es muy mala porque depende del sueldo del marido denunciado, tuviera
que vérselas con una justicia que hasta ahora es de pago.
