UN NUEVO IMPUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS A PUNTO DE APROBARSE

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Efectivamente, el Gobierno viene avisando desde hace meses y, como era de esperar, no tardará en implantar un nuevo control sobre los vehículos en forma de impuesto directo. El objetivo es que éste deje de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos, que es como actualmente está en vigor, y pase al grado de contaminación que éstos emiten. El Gobierno quiere modificar así durante este año el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido entre los usuarios como el sello o impuesto de circulación, para vincularlo al apartado de impuestos medioambientales, y con el objetivo de que el nuevo gravamen entre en vigor en 2014.  Así lo entendemos o deducimos una vez comprobado el texto que figura en el Plan Aire 2013-2016, que tiene por objeto mejorar la calidad del aire que respiramos y que ya ha sido sometido al preceptivo plazo para la participación pública por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. De esta forma, el impuesto de circulación, que seguirá siendo de competencia municipal, dejará de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos y pasará a depender del grado de contaminación de éstos medida por sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

La reforma de este gravamen de larga trayectoria, que correrá a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se acordará con la Federación Española de Municipios y Provincias, supondrá gravar más a los vehículos que, sobre todo por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera. El cálculo del tipo de la carga impositiva, que se abonará anualmente, que es como se hace ahora, se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas en vigor en Europa sobre emisiones de los vehículos, y parece que no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social. Por otra parte, el Ejecutivo no aprobará un impuesto rígido, sino que facilitará a los ayuntamientos un cierto margen de maniobra para que éstos puedan elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche. Sepan ustedes, para que se hagan una idea real de lo que supone actualmente para los municipios este impuesto de circulación, que aportó a las arcas municipales nada menos que 2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011. Los ayuntamientos, recuerden, cuentan actualmente con capacidad para incrementar la cuota en un máximo de un dos por ciento.

Esta decisión del Gobierno puede ser interpretada desde diferentes perspectivas, puesto que, ligada al interés general de la ciudadanía sobre un mejor aire que respirar, sobre todo en grandes ciudades, se entiende como prioritario. El problema es si también los ayuntamientos con un escaso parque automovilístico deciden aumentar, recuerden que solo lo pueden hacer en un máximo de un dos por ciento sobre los niveles actuales, el pago final con el fin de recaudar más amparándose en la normativa a implantar, que no crean ustedes que sería algo descabellado teniendo en cuenta la pésima situación económica de la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país.

La realidad es que los vehículos en las ciudades representan no solo un peligro para los peatones y el resto de usuarios, sino que son unos intoxicadores natos, capaces de hacer el aire irrespirable y de proporcionar a sus vecinos y vecinas las enfermedades propias que se derivan de este tipo de contaminaciones. En esta ocasión también se ha tenido en cuenta que el vehículo que más contamine pague más, que solo los encontramos en los modelos con muchos años cumplidos y todo lo contrario que los equipados con las nuevas tecnologías.