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Sin esperarlo nadie, en silencio como
si se tratara de un ataque inesperado de avezado enemigo, el Gobierno ha sacado
a la luz su intención de denunciar a los padres de los jóvenes que tienen por
costumbre emborracharse en cuanto tienen oportunidad, o sea, los fines de
semana en lo que se conoce como botellón, que es cuando el abuso de bebidas
espirituosas por parte de este tipo de bebedor compulsivo e incontrolado ocurre
con más asiduidad. Una vez conocida la intención gubernamental, como era de
esperar, no ha faltado nadie a la alabanza o la crítica y, consecuentemente, ha
comenzado la cuenta atrás hacia lo que la gente joven podía entender como pacto
anti alcohol en el que ellos son los protagonistas. En el momento de opinar, lo
que estamos leyendo y escuchando basa sus razones en la ética y los principios
de cada uno de los que decide dejar claro cuál es su opinión sobre este asunto.
Con todo, ha destacado la posición de colectivos ligados a la juventud y al alcohol
que, como es lógico, defienden la independencia de los chavales y critican que
el Gobierno se meta también con lo que hacen los fines de semana con su tiempo
y con su salud. Tampoco echamos de menos la posición de quienes se oponen
frontalmente contra la permisividad de las familias con respecto a que sus
hijos e hijas vuelvan a casa ebrios, cuando no regresan del hospital donde han
estado ingresados con un coma etílico de cuidado.
El planteamiento del Ejecutivo parece que se basa no tanto en su interés por controlarlo todo como por intervenir en una situación que es evidente se nos ha ido de las manos y que influye muy negativamente en la salud de quienes la practican. El que hoy, abiertamente, sin control familiar ni oficial, y esto lo decimos por lo fácil que es para un joven adquirir alcohol incluso a altas horas de la noche, el consumo de este tipo de bebidas parece que sea el único objetivo que reúne a miles de jóvenes en puntos concretos de las ciudades, pedía, si no control, sí ayuda a gritos. La aceptación del alcohol en todos los segmentos de la sociedad, al que incluso se le atribuyen beneficios para la salud siempre que se consuma con moderación, dicen, es evidente que ha contribuido a que no se vea del todo mal que algunos jóvenes caigan en sus redes e inviertan el escaso dinero que poseen y su salud en emborracharse en la ocasión que tienen oportunidad.
La indecisión familiar, cuando no dejadez de sus obligaciones o despreocupación, ha contribuido, lo quieran aceptar o no, a que el Gobierno haya decidido lo que se supone debía hacerse en el seno familiar. Los que ahora claman al cielo y tachan a los gobernantes de reaccionarios o de entrometerse en donde no les llaman, responde exclusivamente a sus intereses. Y los tienen, porque este es un detalle que debemos tenerlo claro si queremos enfrentarnos a este asunto con todas las cartas sobre la mesa, puesto que cuando de por medio nos encontramos con recaudaciones de dinero en cantidades que alcanzan cifras que se nos escapan de la calculadora, es evidente que la intención de estos críticos cuando menos es la de confundirnos. Por lo tanto, para encontrar el núcleo desde el que situarnos con alguna posibilidad de encontrar apoyos entre quienes nos escuchen, desde luego que hay que partir del daño real que produce el alcohol entre quienes lo consumen habitual y desproporcionadamente. Y como es algo tangible, que además lo puede demostrar y confirmar
Repetimos que la interpretación de este asunto compete a toda la sociedad, lo quieran o no quienes estén a favor o en contra, porque todos estamos implicados y no siempre porque nos guste controlar lo que no conocemos. Por lo mismo, quienes opinan convencidos de que existe un peligro real de que los jóvenes acaben dependiendo del alcohol justo cuando comienzan a vivir, deben tener la misma consideración que los que lo hacen desde la ética más esencial. Y sobre todo los que padecen en la familia este problema.
