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Conforme se acerca la fecha
del 21 de diciembre, que es cuando los catalanes tendrán una cita oficial con
las urnas luego del esperpento vivido hace unas semanas y del anterior del 9 de
noviembre de 2014, crece la incertidumbre alrededor de qué es lo que acontecerá
en realidad. ¿Serán finalmente los independentistas los que conseguirán más
votos y, por tanto, volverán a la vía unilateral para seguir dando el tabarrazo
y obligar al Ejecutivo de Rajoy a aplicar de nuevo el artículo 155 de la
Constitución, o por el contrario serán los constitucionalistas los que inclinen
la balanza a su favor? En el primero de los casos, la situación y sus
consecuencias está más que cantada, porque avisando vienen de que volverán a
desobedecer a unos tribunales que no reconocen y que están dispuestos a llegar
hasta las últimas consecuencias con tal de conseguir lo que ansían, es decir,
la independencia. Si algo debemos agradecerles, evidentemente es la sinceridad
con la que anuncian sus intenciones, especialmente luego de salir de prisión,
porque para eso juraron y perjuraron que serían buenos y requetebuenos y que
respetarían las instituciones españolas. En cuanto a lo que puede ocurrir si
son los partidos constitucionalistas los que se llevan el gato al agua, parece
que el asunto no está del todo claro. Todos sin excepción quieren ser
presidentes de la Generalitat, aunque muy especialmente, después de que las
encuestas les sean favorables, Ciudadanos y el Partido Socialista catalán. De
hecho, es tal el enfrentamiento al que asistimos entre ambos líderes, que
difícil será que, una vez el recuento de papeletas sitúe a cada uno en su
lugar, alcancen un acuerdo de mínimos. Y esa es la preocupación del electorado,
que a estas alturas aún anda indeciso sobre qué hacer con su valioso voto
teniendo en cuenta el desencuentro que muestran las fuerzas políticas de uno y
otro lado en algo tan extraordinario como será sacar a Cataluña del atolladero
político y económico en el que la han metido entre unos y otros.
Desde fuera, lo que se percibe
tampoco crean ustedes que nos tranquiliza, porque o las cosas en nuestro país
son diferentes al resto del mundo o algo está pasando que no acabamos de
entender del todo y que alguien debería de habernos explicado con todo tipo de
detalles. Volvemos a insistir en que no entendemos qué demonios hace un señor,
acompañado de cuatro de sus exconsejeros y de una corte de chupatintas y
lameculos, exiliado en Bruselas que ha sido reclamado por la Justicia española,
al que se le permite hacer campaña para las elecciones convocadas y que,
asegura, tomará posesión de su cargo electo desde esa ciudad centroeuropea sin
necesidad de regresar a Barcelona. Que no lo entendemos, que no. Que no
entendemos cómo es posible que hace unos días saliesen de prisión otros cuantos
consejeros de la Generalitat cesados y que desde el primer momento estén
mandando dardos envenenados al Gobierno responsabilizándolo de todos sus males.
Que algo va mal, que algo se ha hecho muy mal para que esta situación sea
posible y se les permita el uso de la palabra en mítines y encuentros populares
incitando a los asistentes a desobedecer el orden constituido y las leyes y
normas en vigor, que son las que dirigen el país y las que controlan, o deberían,
los excesos. Por todo esto, cuando alguien dice que todos somos iguales ante la
ley, que genere entre la gente de bien una irónica sonrisa es lo menos que
puede servirse, porque cualquier parecido con la realidad es pura ficción.
Claro que también es verdad que alguien dejó escrito que casi siempre la
ficción supera a la realidad.
