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Desgraciadamente,
se mantiene el insistente goteo de salida de empresas del territorio catalán y
por el momento nadie se atreve a
confirmar una fecha que, ligada o no al proceso que vive esta comunidad,
sirva como referencia para detener esta sangría. Evidentemente, la
incertidumbre política en la que actualmente se desenvuelve y la inestabilidad
social implantada por la situación de cientos de empresas perdiendo
trabajadores casi a diario. Por el momento, más de tres mil han decidido
cambiar su sede social y empresarial fuera de este territorio. Las últimas,
Mitsubishi, Panasonic, la cadena de restaurantes Pastificio y el grupo hotelero
Gargallo. Panasonic concretamente emplea a 150 personas en la fábrica que tiene
en Cornellá de Llobregat y ahora desarrollará su proyecto empresarial en
Alcobendas. En el caso de Mitsubishi Electric, una de las empresas líderes
mundiales del sector electrónico, su decisión ha sido la de salir de Sant Cugat
del Vallés para trasladarse a San Fernando de Henares, en Madrid. En el caso de
Pastificio, su traslado ha sido a Pozuelo de Alarcón, también en Madrid. Estas son las empresas más destacadas cuyos
cambios de sede hemos podido leer en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
pero hay una treintena más de menor tamaño que han optado también por irse a la
Comunidad de Madrid, como la empresa de transportes Expediciones Montcada, la
firma de refrigeración Epta Iberia, la financiera Mercury Capital o la empresa
de aparatología médico-estética Becomedical Aesthetic.
Sumadas las
empresas que han decidido el cambio de sus sedes sociales, la realidad es que
Cataluña acabará recibiendo una enorme factura económica de la que, suponemos,
darán cuenta y asumirán su responsabilidad los dirigentes políticos que han
propiciado la situación por la que discurre el día a día de esa comunidad. De
hecho, las empresas, conscientes de la importancia que tiene la estabilidad
social para la marcha de sus negocios, ni siquiera esperan al desarrollo de los
acontecimientos más inmediatos, como es el caso de la formación del Parlament y
la consiguiente distribución de responsabilidades entre los grupos y las
personas que han resultado elegidas para los respectivos cargos. El hecho de
que aún se mantenga la incertidumbre del sí o el no a la investidura de
Puigdemont como presidente de la Generalitat de forma no presencial y de que
finalmente el partido que mayor votos ha obtenido, en este caso Ciudadanos,
pase directamente a la oposición sin ningún cargo de responsabilidad en el
gobierno, es evidente que añade más preocupación a la sociedad catalana. Por el
momento, los letrados del Parlamento, que son los que están autorizados para
permitir o no el desarrollo de los plenos y su régimen interior, han dicho que
no es posible la investidura de Puigdemont si no es presencial. Las razones que
esgrimen son demoledoras: se trata de un pleno en el que la exposición de los
argumentos de los candidatos a presidir el Parlament debe debatirse en la
cámara y de ninguna forma desde el exterior. No obstante, en la línea habitual
con la que se toman los independentistas todo lo que tiene que ver con la
legalidad y especialmente con los mandatos de las leyes españolas que no
reconocen, lo primero que han declarado es que los razonamientos de los
letrados no son vinculantes.
Mientras tanto,
comprobamos que Cataluña empobrece a diario, que las empresas siguen saliendo
de su territorio también a diario y que muchas de ellas no volverán nunca a
ubicarse allí. El hecho de que los independistas estén más preocupados por el
desarrollo de su petición de una república catalana y no atiendan las llamadas
urgentes de las empresas reclamando estabilidad y futuro para sus programas nos
da una idea muy aproximada y real de quiénes son estos individuos y cuáles sus
prioridades. Por lo que vemos, el futuro de los millones de trabajadores sigue
en el aire y los vientos que corren no son nada halagüeños para ellos.
