
Seguimos empeñados en obtener de la autoridad competente atención para las personas con discapacidad física. El estado de nuestras calles no reúne las características mínimas para que puedan desenvolverse con seguridad y, lo que es peor, no advertimos interés administrativo alguno que pudiera hacernos pensar que en tiempo aceptable comenzaría la adaptación de algunas de ellas en beneficio de quienes hasta ahora han sido testigos de excepción y sufridores natos de un pésimo comportamiento de nuestra clase política. Es tal el desasosiego y la preocupación que comparten, que mientras preparan las actuaciones sociales con las que tienen previsto hacerse ver ante la ciudadanía y los representantes políticos, se han aproximado a la oposición municipal en busca de consuelo y de apoyo para su justificada causa, aunque la primera impresión, que tenemos entendido es la que vale, no les ha proporcionado precisamente muchas esperanzas. Lo incomprensible de este desagradable asunto es que estas personas, necesitadas de espacio para desenvolverse por la ciudad, no sólo no son atendidas cuando reivindican mejoras aquí o allá, sino que cuando se construyen nuevos espacios para la expansión de la ciudad, que es cuando las facilidades son absolutas porque se comienza desde cero, tampoco se cuenta con ellos y su tara física para planificar y desarrollar espacios en los que ellas y ellos también quepan.
Puede entenderse como se quiera, pero la situación no admite muchas correcciones. El problema es el que es y no creemos que necesite de puntualizaciones u observaciones que pudieran cambiar el fondo del problema, que no es otro el fin de la reflexión que hoy les proponemos. Creemos que no sería nada descabellado que desde las instituciones públicas, que es lo mismo que decir las que soportamos con nuestros impuestos, se decidiera de una vez que estas personas existen, que sus limitaciones físicas demandan atención preferente y que ha llegado el momento de comenzar a actuar en su favor. Para ello, la adecuación y mejora de acerados, jardines, iluminación, rampas de acceso a edificios y las propias aceras, señalización concreta, etc., deberían formar parte de las tareas encomendadas a las Delegaciones municipales correspondientes, que, a su vez, están obligadas a reclamar fondos del propio presupuesto municipal y de allí donde se sabe que se pueden conseguir con sólo justificar la demanda. Repetimos que no se trata de una reclamación más, sino de un ¡ya está bien! en nombre del sentido común y de solidaridad propia de personas sensibles ante una necesidad que ni siquiera necesitaría de un espacio como este y de más justificación que su propio problema físico.
Obligar a estas personas y a sus familias a vérselas con limitaciones tan manifiestas y peligrosas como las que nos encontramos en cualquier parte de nuestra ciudad no tiene justificación. Precisamente por eso hace unas semanas criticábamos la actuación de Servicios Sociales cuando, en el desarrollo de un curso ligado a este tema, invitó a unos escolares a las instalaciones deportivas municipales para mostrarles la problemática de los discapacitados físicos en las ciudades y, consecuentemente, contar con su solidaridad. La idea evidentemente es buena, pero no cuando el trabajo que está obligado a iniciar el Ayuntamiento ni tan siquiera ha recibido un euro para su desarrollo. Se mire por donde se mire, fue una actuación demagógica y mejor harían en mirar hacia donde deben, trabajar con realidades en vez de con manuales y no completar expedientes a base de absurdas puestas en escena. Los escolares, naturalmente, comprobaron lo mal que deben pasarlo estas personas en su enfrentamiento diario con la ciudad en la que viven, pero no hacía falta que se creara un circuito especial para concienciarlos. Con hacer lo propio por cualquiera de nuestras calles hubiera sido más que suficiente, pero, claro, no era cosa de tirar piedras contra el propio tejado.
Por eso nos alegramos que este colectivo haya comenzado a moverse en busca de las soluciones tantas veces prometidas y nunca atendidas. Si malo es que un gobierno municipal no sea capaz de convencer de su actuación política a la mayoría de la ciudad, peor lo es cuando muestra tanta insolidaridad para quienes la necesitan.
Puede entenderse como se quiera, pero la situación no admite muchas correcciones. El problema es el que es y no creemos que necesite de puntualizaciones u observaciones que pudieran cambiar el fondo del problema, que no es otro el fin de la reflexión que hoy les proponemos. Creemos que no sería nada descabellado que desde las instituciones públicas, que es lo mismo que decir las que soportamos con nuestros impuestos, se decidiera de una vez que estas personas existen, que sus limitaciones físicas demandan atención preferente y que ha llegado el momento de comenzar a actuar en su favor. Para ello, la adecuación y mejora de acerados, jardines, iluminación, rampas de acceso a edificios y las propias aceras, señalización concreta, etc., deberían formar parte de las tareas encomendadas a las Delegaciones municipales correspondientes, que, a su vez, están obligadas a reclamar fondos del propio presupuesto municipal y de allí donde se sabe que se pueden conseguir con sólo justificar la demanda. Repetimos que no se trata de una reclamación más, sino de un ¡ya está bien! en nombre del sentido común y de solidaridad propia de personas sensibles ante una necesidad que ni siquiera necesitaría de un espacio como este y de más justificación que su propio problema físico.
Obligar a estas personas y a sus familias a vérselas con limitaciones tan manifiestas y peligrosas como las que nos encontramos en cualquier parte de nuestra ciudad no tiene justificación. Precisamente por eso hace unas semanas criticábamos la actuación de Servicios Sociales cuando, en el desarrollo de un curso ligado a este tema, invitó a unos escolares a las instalaciones deportivas municipales para mostrarles la problemática de los discapacitados físicos en las ciudades y, consecuentemente, contar con su solidaridad. La idea evidentemente es buena, pero no cuando el trabajo que está obligado a iniciar el Ayuntamiento ni tan siquiera ha recibido un euro para su desarrollo. Se mire por donde se mire, fue una actuación demagógica y mejor harían en mirar hacia donde deben, trabajar con realidades en vez de con manuales y no completar expedientes a base de absurdas puestas en escena. Los escolares, naturalmente, comprobaron lo mal que deben pasarlo estas personas en su enfrentamiento diario con la ciudad en la que viven, pero no hacía falta que se creara un circuito especial para concienciarlos. Con hacer lo propio por cualquiera de nuestras calles hubiera sido más que suficiente, pero, claro, no era cosa de tirar piedras contra el propio tejado.
Por eso nos alegramos que este colectivo haya comenzado a moverse en busca de las soluciones tantas veces prometidas y nunca atendidas. Si malo es que un gobierno municipal no sea capaz de convencer de su actuación política a la mayoría de la ciudad, peor lo es cuando muestra tanta insolidaridad para quienes la necesitan.