Los últimos acontecimientos alrededor de la presunta prevaricación de hombres y mujeres ligadas al Partido Popular, además de la posible implicación de ayuntamientos de la comunidad de Madrid y de Valencia, a los que se le pueden añadir algún representante de este partido en Andalucía y quizá tampoco no falte algún ayuntamiento andaluz, ha dado otro mazazo más a la ya de por sí endeble credibilidad que tienen en general los representantes políticos que dirigen los destinos de nuestros pueblos y ciudades, cuando no la propia nación. Una vez más comprobamos que el dinero puede con todo y escasos son los que lo eluden en beneficio de un expediente y no querer problemas cuando se descubra la apropiación, porque está claro que tarde o temprano la Justicia, lenta, pero segura, acaba mostrando los rostros de quienes se han apropiado de lo que no es suyo.
Extraña, precisamente por eso, la estrategia que habitualmente elige el Partido Popular para defenderse de lo que a todas luces supone un jarro de agua fría para sus intereses electorales de las citas que tiene pendiente en Galicia, en el País Vasco y Europa, tres encuentros electorales a los que pretendían llegar sin lastre del que avergonzarse. Recordemos que el primer escándalo, citando sólo el más reciente, porque acumula asuntos de este tipo prácticamente en toda España, fue el de las escuchas denunciadas en el gobierno de la comunidad de Madrid, según las cuales varios consejeros están involucrados en el seguimiento de sus propios compañeros y del alcalde Gallardón. Aunque finalmente se han unido y presentado públicamente como un grupo fuerte que sufre la persecución de otros grupos políticos, la realidad es que se han visto obligados a esta representación en público ante la inminente convocatoria de elecciones.
En el asunto de los cinco detenidos el pasado viernes, en una operación que dirige el juez Garzón, los dirigentes de este partido han buscado entre los socialistas a los responsables de su propio problema y han volcado sobre ellos toda su bilis, asegurando que jueces y policía están detrás de todo este asunto con el único fin de dañar su imagen. En el caso de las escuchas, aunque finalmente el tiro les salió por la culata, le pidieron cuentas hasta el mismísimo ministro del Interior. Ahora, la señora De Gospedal no ha dudado ni un momento en responsabilizar de lo que supuestamente han hecho sus compañeros al Partido Socialista. No ha tenido ni una sola palabra de rechazo a la posible apropiación indebida de dinero que hayan podido hacer, ni sobre el mal uso que presuntamente han realizado desde sus puestos de responsabilidad. Como siempre, la culpa es de los demás.
Eso es lo bueno de la política, que no le faltan salidas a sus representantes para eludir cualquier tipo de responsabilidad. En cuanto se ven un poco perdidos, nada mejor que denunciar persecución o manipulación por parte del contrincante político. No obstante, la realidad es que actualmente son muchos los ayuntamientos y los militantes populares que están envueltos en asuntos judiciales por diferentes causas, aunque destacan los ligados a delitos medioambientales, cohecho, prevaricación y cobro de comisiones. El nuestro también ha sido salpicado por una denuncia de la Junta de Andalucía por unas construcciones presuntamente irregulares ubicadas en la carretera del santuario, pero tampoco le faltan procedentes de otros frentes, como es el caso del juicio contencioso-administrativo que se inicia hoy incoado por un trabajador municipal, aunque ya puestos no tardaremos en saber de otros que están pendientes de ser convocados y que tienen que ver con permisos de obras presuntamente irregulares y también con tribunales municipales por irregularidades en el desarrollo de unos los exámenes de acceso a unas plazas convocadas por el Ayuntamiento. Mientras tanto, hay que esperar.
