Las Administraciones públicas, todas, no deben tener más objetivo que el de facilitarle la vida al ciudadano; otra cosa es que esta máxima se cumpla y efectivamente su intervención nos compense. De hecho, es el objetivo diario de estos mastodónticos organismos, todos necesitados de una burocracia innecesaria que los hace, además de lentos e imprecisos, grandes acaparadores de mano de obra. En lo que podíamos denominar escalafón de estas organizaciones del Estado y las autonomías nos encontramos, según nos vamos aproximando al lugar en donde residimos, diferentes tipos de Administraciones, desde la autonómica, la provincial, la de las diputaciones y los ayuntamientos, y todas dependen de nosotros, de la ciudadanía, que es la responsable de proporcionarles el dinero suficiente para su desenvolvimiento y para que, en justa reciprocidad, nos lo devuelvan invertido en donde justificadamente sea necesario. Lo que a nosotros nos toca más de cerca es el Ayuntamiento, pero antes nos encontramos con la Diputación y la Junta de Andalucía, y son las personas que los gestionan los responsables directos de que nos desenvolvamos en ciudades equipadas de acuerdo con el rango y el peso demográfico y económico que cada una represente para la Administración de mayor responsabilidad.
Si no se reconoce esta manifiesta y evidente intervención política, estén seguros de que estaremos abocados a repetir los mismos pasos una y mil veces, ya que la actual planificación de las obligaciones propias de estos organismos están perfectamente delimitadas y además controladas por parlamentos y plenos, que es lo mismo que decir los representantes del pueblo. De todos estos controladores públicos del dinero es de donde podemos encontrar respuesta a nuestras necesidades y desde luego los únicos que pueden echar una mano a los ayuntamientos a la hora de inversiones y realizaciones imprescindibles para la mejora de la ciudad y sus moradores. Naturalmente, como casi todo en la vida, aproximarse a estas organizaciones exige una serie de conocimientos y la aceptación de las condiciones pactadas por quienes aprobaron leyes y estatutos, sencillamente porque sólo con la documentación precisa y con todos sus epígrafes completados se puede acceder, aunque no obtener en principio, a lo que se solicita. Así está previsto y así fue planificado, y lo que les corresponde a los políticos locales, provinciales o autonómicos, de acuerdo con la Administración necesaria a la que se pide, es ajustarse estrictamente a las exigencias de cada departamento o control. Los que menosprecian lo establecido, además de mostrar una actitud arrogante y muy peligrosa para la ciudadanía a la que representan, a lo más que alcanzan es a ridiculizarse a sí mismos. Y los que apoyan a este tipo de personajes, no sólo se equivocan en la valoración de las circunstancias, sino que contribuyen al empobrecimiento de su propia ciudad.
En nuestro caso, refiriéndonos estrictamente al asunto del futuro parque tecnológico e industrial que algún día podrá llamarse Innovandújar, algo de lo que les hemos contado es lo que ha ocurrido con estos casi dos millones de metros cuadrados liberados para reconvertirlos en industriales, que algunos de nuestros representantes no vieron en ellos lo que ahora aseguran y sí los observaron como una fuente de ingresos real y atípica de gran magnitud. Es casi lo mismo que está ocurriendo ahora con las obras que se ejecutan en nuestra ciudad, ya que, según nos cuentan observadores nada politizados y a la espera de la obligada denuncia del partido político que encuentre deficiencias en este proceso, si es que existen, naturalmente, las adjudicaciones no han respondido a las exigencias del Gobierno y de la Junta de Andalucía, que son los que han concedido el dinero para realizarlas; también, que es público y notorio el desmedido interés de algunos empleados municipales por estas intervenciones municipales, y que parece ser campan a sus anchas, para que las compras de material se hagan exclusivamente en unos establecimientos concretos, aunque el precio de éste sea muy superior, y que no se ha tenido en cuenta el apartado que tanto importaba a las instituciones y a nosotros, es decir, que la contratación de personal se ciñera casi en exclusiva a los parados locales. De esta forma solidaria y lógica se ha hecho en la mayoría de los ayuntamientos que disfrutan estos meses de unas obras que mejorarán sus ciudades. Entre nosotros, parece, sólo parece, que el interés radicaba concretamente en conseguir que nuestras cifras del paro no descendieran. Y no creemos que haga falta que les detallemos las ventajas que se pueden obtener de esta realidad en manos de quienes cuentan con un equipo de personas especialmente preparado para echar por tierra las políticas laborales de sus contrincantes políticos.
Si no se reconoce esta manifiesta y evidente intervención política, estén seguros de que estaremos abocados a repetir los mismos pasos una y mil veces, ya que la actual planificación de las obligaciones propias de estos organismos están perfectamente delimitadas y además controladas por parlamentos y plenos, que es lo mismo que decir los representantes del pueblo. De todos estos controladores públicos del dinero es de donde podemos encontrar respuesta a nuestras necesidades y desde luego los únicos que pueden echar una mano a los ayuntamientos a la hora de inversiones y realizaciones imprescindibles para la mejora de la ciudad y sus moradores. Naturalmente, como casi todo en la vida, aproximarse a estas organizaciones exige una serie de conocimientos y la aceptación de las condiciones pactadas por quienes aprobaron leyes y estatutos, sencillamente porque sólo con la documentación precisa y con todos sus epígrafes completados se puede acceder, aunque no obtener en principio, a lo que se solicita. Así está previsto y así fue planificado, y lo que les corresponde a los políticos locales, provinciales o autonómicos, de acuerdo con la Administración necesaria a la que se pide, es ajustarse estrictamente a las exigencias de cada departamento o control. Los que menosprecian lo establecido, además de mostrar una actitud arrogante y muy peligrosa para la ciudadanía a la que representan, a lo más que alcanzan es a ridiculizarse a sí mismos. Y los que apoyan a este tipo de personajes, no sólo se equivocan en la valoración de las circunstancias, sino que contribuyen al empobrecimiento de su propia ciudad.
En nuestro caso, refiriéndonos estrictamente al asunto del futuro parque tecnológico e industrial que algún día podrá llamarse Innovandújar, algo de lo que les hemos contado es lo que ha ocurrido con estos casi dos millones de metros cuadrados liberados para reconvertirlos en industriales, que algunos de nuestros representantes no vieron en ellos lo que ahora aseguran y sí los observaron como una fuente de ingresos real y atípica de gran magnitud. Es casi lo mismo que está ocurriendo ahora con las obras que se ejecutan en nuestra ciudad, ya que, según nos cuentan observadores nada politizados y a la espera de la obligada denuncia del partido político que encuentre deficiencias en este proceso, si es que existen, naturalmente, las adjudicaciones no han respondido a las exigencias del Gobierno y de la Junta de Andalucía, que son los que han concedido el dinero para realizarlas; también, que es público y notorio el desmedido interés de algunos empleados municipales por estas intervenciones municipales, y que parece ser campan a sus anchas, para que las compras de material se hagan exclusivamente en unos establecimientos concretos, aunque el precio de éste sea muy superior, y que no se ha tenido en cuenta el apartado que tanto importaba a las instituciones y a nosotros, es decir, que la contratación de personal se ciñera casi en exclusiva a los parados locales. De esta forma solidaria y lógica se ha hecho en la mayoría de los ayuntamientos que disfrutan estos meses de unas obras que mejorarán sus ciudades. Entre nosotros, parece, sólo parece, que el interés radicaba concretamente en conseguir que nuestras cifras del paro no descendieran. Y no creemos que haga falta que les detallemos las ventajas que se pueden obtener de esta realidad en manos de quienes cuentan con un equipo de personas especialmente preparado para echar por tierra las políticas laborales de sus contrincantes políticos.
