Ayer se celebraba el Día Internacional contra la Corrupción y tuvimos la oportunidad de conocer datos muy interesantes y sobre todo esclarecedores sobre un tema que nos implica a todos, aunque a algunos sólo como meros espectadores. Destacar, por ejemplo, que en las investigaciones efectuadas por el Cuerpo de la Policía Nacional sobre delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedades, se han intervenido, además de a los culpables, bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. Esta cifra por sí misma nos descoloca, acostumbrados como estamos al sueldo de fin de mes, e incluye miles de bienes inmuebles, decenas de vehículos de alta gama, embarcaciones, helicópteros, cientos de obras de arte e incluso 200 toros de lidia o 130 caballos, de acuerdo con los datos aportados por este Cuerpo de Seguridad del Estado.
La Policía reconoce que han multiplicado sus actuaciones en contra de la corrupción en los últimos años, de forma que en 2004 hubo 10 detenidos en 15 investigaciones y sólo en lo que va de 2009 se han efectuado 252 detenciones en 54 operaciones policiales. Los técnicos atribuyen el espectacular incremento de estos delitos al refuerzo de las unidades dedicadas a estas modalidades delictivas, que han sido más y mejor equipadas y se ha aumentado el número de personas que las componen. En cuanto a cómo se distribuyen los corruptos por nuestro país, los datos policiales nos dicen que los puntos más destacados son las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares, donde se han realizado más de la mitad de las detenciones. Entre las operaciones más importantes y más conocidas de estos últimos años, destacar especialmente dos de ellas: “Malaya” y “Ballena Blanca”, ambas centradas principalmente en la localidad malagueña de Marbella, cuyo ayuntamiento llegó a ser disuelto por el Gobierno, y que han permitido la detención de decenas de personas y la incautación de miles de millones de euros.
De acuerdo con los datos aportados por la Policía, la mayoría de los casos están relacionados con el urbanismo y el sector inmobiliario, que en la última década han sido el motor económico de nuestro país y en el que muchos se enriquecieron al calor del “boom” de la construcción. En algunos de estos casos, como “Ballena Blanca”, aparecían como imputados, además de políticos y empresarios, abogados, notarios y registradores. La corrupción, que ha afectado a ayuntamientos de todo signo político, ha llevado al Gobierno a anunciar que prepara nuevas medidas para reforzar los controles en los consistorios, algo que es de vital importancia, no sólo para controlar el dinero público que entra y sale de las Administraciones públicas, sino para que la ciudadanía confíe en sus representantes. De los datos policiales se deduce que la corrupción urbanística que ha sufrido nuestro país ha producido a sus gestores más dinero que la droga, aunque las penas impuestas por los tribunales de justicia siempre han sido menores que las recibidas por los traficantes.
Como saben ustedes, por ser reciente y por el escándalo que ha salpicado especialmente al Partido Popular, de las últimas operaciones que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción son el “caso Gürtel”, una red que pagaba presuntamente a altos cargos municipales a cambio de favores empresariales; o el “Pretoria”, que ha salpicado al PSOE y que ha llevado a prisión provisional al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y a dos ex altos cargos de la Generalitat, imputados por asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Como habrán podido apreciar, no estamos solos. Junto a nosotros no faltan quienes sólo buscan la fórmula desde la que llevarse todo el dinero público que pueden en el menor tiempo posible. Afortunadamente, aunque parezca todo lo contrario, los Cuerpos de Seguridad del Estado no descansan. Y en este comentario tienen ustedes la confirmación de su incondicional entrega.
La Policía reconoce que han multiplicado sus actuaciones en contra de la corrupción en los últimos años, de forma que en 2004 hubo 10 detenidos en 15 investigaciones y sólo en lo que va de 2009 se han efectuado 252 detenciones en 54 operaciones policiales. Los técnicos atribuyen el espectacular incremento de estos delitos al refuerzo de las unidades dedicadas a estas modalidades delictivas, que han sido más y mejor equipadas y se ha aumentado el número de personas que las componen. En cuanto a cómo se distribuyen los corruptos por nuestro país, los datos policiales nos dicen que los puntos más destacados son las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares, donde se han realizado más de la mitad de las detenciones. Entre las operaciones más importantes y más conocidas de estos últimos años, destacar especialmente dos de ellas: “Malaya” y “Ballena Blanca”, ambas centradas principalmente en la localidad malagueña de Marbella, cuyo ayuntamiento llegó a ser disuelto por el Gobierno, y que han permitido la detención de decenas de personas y la incautación de miles de millones de euros.
De acuerdo con los datos aportados por la Policía, la mayoría de los casos están relacionados con el urbanismo y el sector inmobiliario, que en la última década han sido el motor económico de nuestro país y en el que muchos se enriquecieron al calor del “boom” de la construcción. En algunos de estos casos, como “Ballena Blanca”, aparecían como imputados, además de políticos y empresarios, abogados, notarios y registradores. La corrupción, que ha afectado a ayuntamientos de todo signo político, ha llevado al Gobierno a anunciar que prepara nuevas medidas para reforzar los controles en los consistorios, algo que es de vital importancia, no sólo para controlar el dinero público que entra y sale de las Administraciones públicas, sino para que la ciudadanía confíe en sus representantes. De los datos policiales se deduce que la corrupción urbanística que ha sufrido nuestro país ha producido a sus gestores más dinero que la droga, aunque las penas impuestas por los tribunales de justicia siempre han sido menores que las recibidas por los traficantes.
Como saben ustedes, por ser reciente y por el escándalo que ha salpicado especialmente al Partido Popular, de las últimas operaciones que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción son el “caso Gürtel”, una red que pagaba presuntamente a altos cargos municipales a cambio de favores empresariales; o el “Pretoria”, que ha salpicado al PSOE y que ha llevado a prisión provisional al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y a dos ex altos cargos de la Generalitat, imputados por asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Como habrán podido apreciar, no estamos solos. Junto a nosotros no faltan quienes sólo buscan la fórmula desde la que llevarse todo el dinero público que pueden en el menor tiempo posible. Afortunadamente, aunque parezca todo lo contrario, los Cuerpos de Seguridad del Estado no descansan. Y en este comentario tienen ustedes la confirmación de su incondicional entrega.
