Imprimir
Estamos convencidos de que las tasas municipales que pagamos por el agua están mal dimensionadas, es decir, que coincidimos con el gobierno municipal cuando dice que existe un importante diferencial económico en contra de las arcas municipales en cuanto a lo que pagamos y lo que en realidad nos cuesta el servicio. Y es algo que hemos sabido desde siempre, porque el tema no es nuevo, especialmente desde que se hizo cargo de la tarea de proporcionar agua potable a la población la Diputación provincial a través de los diferentes departamentos que la distribuyen, entre otras cosas por la cantidad de personas que dependen de éstos. No nos sirve, sin embargo, lo que escuchamos al portavoz del Partido Popular en el pasado pleno, por cierto muy aficionado a usar definiciones como nivelación, modificación y escasamente incremento de las tasas cuando trata de explicarnos los aumentos de los costos, según el cual los precios del agua se acuerdan en las reuniones que tienen lugar entre los diputados provinciales y el gobierno municipal lo único que debe hacer es aceptar el mandato e implantar la cuota. Y no nos sirve porque no es cierto, ya que lo que en realidad se discute en los plenos de la Diputación, efectivamente, es el precio del agua una vez puesta en los diferentes depósitos de las ciudades a las que se suministra, pero la cuota final a cobrar la impone el Ayuntamiento, que está obligado, por solidaridad, a subirla de acuerdo con la realidad económica de los vecinos. En nuestro caso no ha sido así y sólo la presión de los partidos de la oposición, que se negaron en redondo al aumento que tenía previsto el equipo de gobierno del Partido Popular para este año, nos ha salvado de una cuota inasumible para algunos de nosotros.
En tiempos de crisis, la actitud de los gobernantes debía estar presidida por la solidaridad y el sentido común y en ningún caso y bajo ningún concepto debían decidir sin contar con la población a la que representan. En nuestro caso, y como ha quedado demostrado a lo largo de los ocho años que permanecen los actuales gobernantes al frente del poder municipal, sus decisiones las han tomado teniendo en cuenta exclusivamente a sus militantes, a los que se les supone un poder adquisitivo superior a la media y cualquier aumento de las tasas municipales las asumen con más facilidad que quienes se defienden con verdadera dificultad en una situación económica cada vez más insoportable. Por otra parte, el hecho de que en la calle no se perciba un solo esfuerzo económico por su parte, es decir, que mantengan su estatus con lo que está cayendo, con un equipo completo de personas que trabaja en exclusiva para cuidar la imagen de nuestra primera autoridad y que supone anualmente un desembolso millonario e insoportable para una economía municipal que está en quiebra técnica desde hace años, nos invita a pensar que en lo que de verdad están interesados es en ellos y su futuro, y que nosotros les importamos bien poco.
No obstante, si tenemos en cuenta que el tiempo juega en contra de quienes pretenden estrujar económicamente a la ciudadanía con absoluto descaro, y en las sanciones de tráfico del año pasado tenemos un ejemplo práctico más que doloroso, con una recaudación final que ha superado las previsiones en más de ciento cincuenta mil euros, deberíamos felicitarnos por sabernos exentos de pagar los excesos y descalabros económicos que nuestros gobernantes han acumulado a lo largo de estos años y que tanto han empobrecido las arcas municipales. Con todo, la oposición ha permitido, especialmente en esta última legislatura en la que sólo tienen mayoría simple, que se hayan producido descarados abusos en contra de la ciudadanía. Desde las multas de tráfico hasta las tasas por el uso de las instalaciones del teatro, sin olvidarnos de infinidad de servicios que hasta que llegaron ellos eran gratuitos.
Alguna vez tenía que ser y la ocasión que han aprovechado para ponerse de acuerdo, y no toda la oposición, porque recordemos que el Partido Andalucista ha vuelto a darnos la de cal exigiendo una serie de estudios que en situaciones tan críticas no eran imprescindibles, y han conseguido que no nos suban el agua. Ya era hora.
En tiempos de crisis, la actitud de los gobernantes debía estar presidida por la solidaridad y el sentido común y en ningún caso y bajo ningún concepto debían decidir sin contar con la población a la que representan. En nuestro caso, y como ha quedado demostrado a lo largo de los ocho años que permanecen los actuales gobernantes al frente del poder municipal, sus decisiones las han tomado teniendo en cuenta exclusivamente a sus militantes, a los que se les supone un poder adquisitivo superior a la media y cualquier aumento de las tasas municipales las asumen con más facilidad que quienes se defienden con verdadera dificultad en una situación económica cada vez más insoportable. Por otra parte, el hecho de que en la calle no se perciba un solo esfuerzo económico por su parte, es decir, que mantengan su estatus con lo que está cayendo, con un equipo completo de personas que trabaja en exclusiva para cuidar la imagen de nuestra primera autoridad y que supone anualmente un desembolso millonario e insoportable para una economía municipal que está en quiebra técnica desde hace años, nos invita a pensar que en lo que de verdad están interesados es en ellos y su futuro, y que nosotros les importamos bien poco.
No obstante, si tenemos en cuenta que el tiempo juega en contra de quienes pretenden estrujar económicamente a la ciudadanía con absoluto descaro, y en las sanciones de tráfico del año pasado tenemos un ejemplo práctico más que doloroso, con una recaudación final que ha superado las previsiones en más de ciento cincuenta mil euros, deberíamos felicitarnos por sabernos exentos de pagar los excesos y descalabros económicos que nuestros gobernantes han acumulado a lo largo de estos años y que tanto han empobrecido las arcas municipales. Con todo, la oposición ha permitido, especialmente en esta última legislatura en la que sólo tienen mayoría simple, que se hayan producido descarados abusos en contra de la ciudadanía. Desde las multas de tráfico hasta las tasas por el uso de las instalaciones del teatro, sin olvidarnos de infinidad de servicios que hasta que llegaron ellos eran gratuitos.
Alguna vez tenía que ser y la ocasión que han aprovechado para ponerse de acuerdo, y no toda la oposición, porque recordemos que el Partido Andalucista ha vuelto a darnos la de cal exigiendo una serie de estudios que en situaciones tan críticas no eran imprescindibles, y han conseguido que no nos suban el agua. Ya era hora.
