Lo leíamos hace unos días en la prensa nacional y pensamos que sería una noticia de calado en nuestra ciudad y la comarca, en donde la economía sumergida, o las empresas que no dan de alta a sus empleados, han sido y siguen siendo, aunque menos, una fuente de dinero incontrolado o negro del que el Estado quiere llevarse su parte, entre otras justificadas razones, porque es el responsable final de la salud de estos empleados y del pago de su jubilación, algunos de los cuales trabajan en este tipo de empleos cobrando el subsidio de desempleo. La razón que esgrime creemos que no hace falta que la aclaremos más, pero sí decir que muchos de los trabajadores que desarrollan esta labor de la forma que lo hacen muestran una falta de solidaridad incomprensible para como están los tiempos y lo mal que lo están pasando miles y miles de personas.
La decisión de aflorar la economía sumergida que capitanea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha previsto una especie de período de gracia, que es concretamente de tres meses, para que las empresas que desarrollan su tarea sin estar dadas de alta decidan aflorar y presentarse como tales en los organismos que controlan la actividad empresarial, al tiempo que hacen lo propio con sus empleados. Los que no lo hagan y decidan seguir en la clandestinidad se enfrentarán a sanciones económicas superiores a las establecidas hasta ahora. Es cierto que el Ejecutivo no asegura nada sobre ultimátum ni de amnistía, pero los entendidos aseguran que del texto presentado se deducen ambos conceptos. Se sabe, esto es cierto, que no se perdonarán las deudas que las empresas tengan contraídas con la Seguridad Social, aunque sí parece que el Gobierno tiene prevista la condonación de la multa que pudiera caerle a las empresas que decidan aceptar la llamada oficial y optar por desarrollar su actividad de forma legal.
Por el contrario, aquellas empresas que quieran mantenerse en la clandestinidad parece que deberán enfrentarse a multas que, como hemos dicho antes, serán muy superiores a las actuales de acuerdo con la nueva ley que está previsto aprobar en poco tiempo, precisamente para poder sancionar con más dureza a los empresarios que no den de alta a sus trabajadores y que al mismo tiempo estén cobrando el paro. Naturalmente, los trabajadores también serán sancionados, y para que estas sanciones puedan hacerse efectivas, como hemos dicho, el Gobierno tiene previsto reformar la actual ley y lo hará porque las multas en vigor van de los 30 a los 60 euros para las infracciones leves y de 3.000 a 90.000 para las muy graves, y esto contribuye a que proliferen este tipo de empresas, convencidas de que les sale más barato pagar la multa que legalizarse. De lo que se ha filtrado con respecto a la cuantía de las sanciones sabemos que se multiplicarán por tres las leves y las graves, lo que entendemos es una cantidad prohibitiva incluso para quienes andan aún convencidos de que les sale a cuenta mantenerse en el anonimato.
Se entiende la decisión del Ejecutivo si tenemos en cuenta que las empresas que trabajan sin ser conocidas por los organismos que las controlan representan una pérdida muy importante de ingresos en las arcas públicas y no están los tiempos para perder oportunidades de este tipo. Por otro lado, como ocurre que la mayoría de los trabajadores que desempeñan su labor en éstas cobran al mismo tiempo el subsidio de desempleo, se produce un doble delito que es fundamental controlar. Entre nosotros, las empresas de este tipo han proliferado de forma importante en nuestra ciudad y la comarca, y de hecho han permitido que muchas familias pudieran salir adelante con unos ingresos que no estaban controlados por Hacienda, sin que ello quiera decir que todas y todos cobraran al mismo tiempo el paro. A partir de ahora, por tanto, atención a los empresarios que practiquen esta ilegal forma de producción, porque los controles oficiales serán exhaustivos y la persecución, como las sanciones, algo más de lo acostumbrado.
