La llamada crisis de los pepinos que nuestro país, y más concretamente el campo andaluz, exporta a Europa, ha venido a confirmar la fragilidad del sistema por el que se rige la Comunidad Económica Europea, que no ha sido capaz de controlar la ministra alemana de Sanidad y le ha permitido condenar nuestras hortalizas y verduras de un plumazo. Desde el momento que desde este país se dio la voz de alarma, el cierre de los mercados a las exportaciones españolas ha sido unánime, lo que ha contribuido a una ruina inmediata en los mercados de origen. Entre nosotros ocurrió algo parecido cuando la por entonces ministra de Sanidad del Gobierno de José María Aznar, Celia Villalobos, decidió echar mano de los medios de comunicación y, sin paracaídas ni red, lanzarse al vacío mandando retirar todas las partidas de aceite de orujo que se encontraran en los supermercados y tiendas de barrio. Como era de esperar, se pasó uso cuantos pueblos, pero el daño a la imagen y a la economía de los productores fue enorme. En realidad el aceite de orujo no contenía ningún componente nocivo para la salud ni en su composición se incluía elemento inapropiado; sólo un informe poco fiable y nada científico que avisaba de que un consumo excesivo podía influir en la salud de los consumidores. Naturalmente, los mercados se resintieron dentro y fuera de nuestras fronteras y durante bastante tiempo este aceite fue considerado un apestado que nadie quería en su cocina. De si el Gobierno tuvo que compensar a los productores o de si decretó alguna medida que paliara el palo económico que la decisión de la política malagueña supuso para sus expectativas empresariales, nada se sabe, pero todo hace pensar que sí, que algo se decidió en este sentido.
En el asunto de los pepinos, lo primero que llama la atención es la frivolidad con la que la ministra alemana decide informar a la ciudadanía, no de la posibilidad de que éstos estén infectados con una peligrosa bacteria, sino que afirma rotundamente que sí, que lo están, y que inmediatamente se retiren de los mercados, y que los consumidores que los tengan en sus casas los tiren a la basura. Es verdad que sus declaraciones estaban avaladas por los informes médicos que les fueron entregados, que unían directamente a los pepinos con los muertos y enfermos detectados en los hospitales alemanes. Sin embargo, los protocolos de todos los gobiernos, y más tratándose de un país perteneciente a la Comunidad Económica, como es España, exigen cautela a la hora de calificar los productos que desde ellos les llegan, y más cuando son más países los que exportan a la Comunidad hortalizas y verduras.
La Unión Europea, que entiende que debe ser flexible con la totalidad de los productos que se consumen procedentes de los países aliados, que deben conocer en profundidad especialmente los exportadores, en ningún momento ha puesto en duda la calidad de nuestras verduras y, de hecho, aún no ha emitido informe al respecto. En el caso de Alemania, todo indica que ha existido improvisación y malas intenciones, porque justo el pasado martes, después de condenar nuestras verduras y especialmente el pepino, informó al mundo de que los pepinos españoles no eran la causa del virus infeccioso que había dañado a algunos de sus ciudadanos y también de otros países de la Comunidad. Pero claro, el mal ya se había hecho. La respuesta inmediata de los empresarios del sector de la alimentación de Europa que exportan nuestras verduras tardó minutos en anular los pedidos en marcha y en rechazar todos los productos españoles, por si acaso. Entre nosotros, los supermercados Lidl, alemanes de Alemania, por el momento no venden pepinos españoles, lo que nos da un ejemplo claro de cómo se las gastan estos empresarios a la hora de, suponemos, cuidar la salud de sus clientes.
Afortunadamente, la crisis se ha resuelto como era de esperar, es decir, que nuestras verduras y hortalizas están perfectas de salud y que se pueden consumir con total tranquilidad. Sin embargo, ¿quién paga los platos que les han roto en sus propias narices a los productores y exportadores españoles? Nos tememos que nadie querrá aceptar responsabilidades y que finalmente pagarán los más débiles. O sea, como siempre.
