La situación económica que atravesamos cada vez con más dificultades se ha convertido en un problema ampliamente compartido. Ya no son unos cuantos los conocidos que debían vérselas con el paro y sus consecuencias; ahora, a día de hoy, nos hemos situado más cerca de los cinco millones de trabajadores en las listas y colas desesperantes que se forman a las puertas de las oficinas del INEM, y nada indica que se esté en el camino ni siquiera de frenarlas. Después de las elecciones de noviembre, de cuyo resultado hemos hablado en varias ocasiones, y aceptando que los mensajes han sido determinantes a la hora de hacernos una idea de lo que ocurriría después del 20 de noviembre, la economía y el paro mantienen los mismos resultados y planteamientos. Desde el Ejecutivo, lógicamente, se pide paciencia y prudencia, pero son dos exigencias que podían entenderse por quienes disfrutan aún de un puesto de trabajo al que acudir a diario, pero no por parte de quienes se han convertido, sin comérselo ni bebérselo, en parados de larga duración, sin futuro personal y familiar, desahuciados de la vivienda que pagaban al banco o la caja de ahorros y con un panorama que ni de lejos anuncia tiempos mejores.
Por otra parte, las medidas económicas del Gobierno no acaban de ser digeridas por el mundo laboral, ni sindical ni político. Los primeros, porque han vuelto a ser elegidos sin aviso previo de que serán ellos los más perjudicados por estas decisiones económicas, ya que será de su controlada nómina de donde saldrán los esfuerzos que servirán para reparar lo que otros han roto; los segundos, porque han visto cómo de su generosísima nómina se les ha restado un veinte por ciento, y los terceros, porque la oposición está para eso, para quejarse e intentar echar por tierra, justificadamente o no, lo que programen, implanten y exijan los que mandan. Sin embargo, en donde de verdad reside el saqueo es en la nómina del empleado, que tiene justificadas razones para quejarse y que entiende, no obstante, que es mejor adaptarse a los nuevos tiempos que echarse a la calle a manifestar su desacuerdo, no sea que, encima, tenga problemas. Y lo más extraño, incongruente y escandaloso, lo que más duele, es que son cientos los que andan con una imputación millonaria a cuestas y siguen disfrutando de todo tipo de prebendas y, por supuesto, guardando el dinero ganado de malas maneras en lugar seguro y alejado de miradas delatoras.
Se entiende, por lo tanto, que al ciudadano de a pie no se le pase nada bueno por la cabeza cuando está obligado a asistir a un espectáculo por sí mismo bochornoso y que ha sido el detonante y principal causante de todo lo que padecemos hoy. El hecho de que la clase política entre y salga de sus partidos o vaya de uno a otro hasta que encuentra el que más le interesa, y no tenga que dar cuentas a nadie de sus actos, es evidente que influye en cómo los vemos los ciudadanos, que no acabamos de creernos que unos representantes públicos, ejerciendo como tales y aprovechándose de sus cargos, lo que han hecho bien, a pedir de boca, de forma extraordinariamente efectiva, ha sido llevarse miles de euros a cuentas en paraísos fiscales y que luego, finalizado el juicio, se quedan con ellas. Eso no lo entiende nadie y sirve, al mismo tiempo, como demoledor ejemplo de que la Justicia no es la misma para todos, lo diga quien lo diga y en el contexto que lo diga.
En poco tiempo, si es verdad lo que nos cuentan y todo se desarrolla de acuerdo con las previsiones anunciadas, conoceremos asuntos de gran importancia para la clase política y para el gran público, que espera ansioso que lo que en la calle se entiende por Justicia haga efectivas sentencias acordes con los mangoneos que algunos parece que han realizado con el dinero público. Por supuesto que no acabamos de creernos que será así, pero al menos nos queda la satisfacción de aceptarlo hasta que se produzca el veredicto judicial.
