Para las empresas farmacéuticas que en España tienen su mercado, todas ellas implantadas en Europa, lo que el Gobierno ha dicho con respecto a la solución que prevé para acabar con la deuda que España mantiene con ellas, que supera los doce mil millones de euros, parece que no ha sido recibida de buena gana, ya que esperaban algo más que un compromiso sin determinar y sin fechas concretas desde las que poder recuperar las inversiones millonarias que han realizado hasta ahora. De hecho, las empresas que han firmado el ultimátum avisan al Ejecutivo de que, si no interviene sobre el problema de la deuda sanitaria, las relaciones acabarán deteriorándose, y aún peor más la credibilidad y la imagen de España como país fiable donde invertir con seguridad.
No obstante, la cosa no acaba aquí, puesto que la industria farmacéutica va mucho más lejos. Su propuesta al Gobierno pasa por una serie de medidas que no sólo colmarían sus exigencias, sino que además servirían como excepcional tranquilizante de los accionistas internacionales, evitando de esta forma la desaparición de empresas, la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos y la ruina de muchos pequeños empresarios. Además advierte de que, para hacer frente a la deuda contraída con las comunidades autónomas, las medidas deben incluir, entre otras, la necesidad de establecer plazos temporales concretos, un interlocutor único del Ejecutivo y el diseño de un mecanismo que establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas del sector.
Por otro lado, para evitar que la deuda aumente de forma descontrolada, estas empresas proponen establecer un marco que asegure la aprobación de presupuestos realistas que amplíen aún más las cifras reales de la deuda y no se incluyan directamente, y en un apartado específico, el pago a la industria farmacéutica acreedora. Por supuesto exigen una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad, en la que la toma de decisiones se base en motivos asistenciales y no electorales, además de cambios regulados que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las comunidades autónomas. Al final de la misiva enviada al Gobierno, los fabricantes de medicamentos le recuerdan la creciente preocupación de la población española por el futuro del Sistema Nacional de Salud, a la que contribuye sin duda las noticias relacionadas con el incesante incremento de la deuda sanitaria.
Finalmente, aunque estos industriales advierten que la situación está provocando pérdidas de puestos de trabajo, en España, sin embargo, no cuentan con laboratorios de relevancia implantados y funcionando, por lo que apenas disponen en nuestro país de centros de I+D ni de centros de producción en serie. En otras palabras, somos importadores de fármacos, por lo que, relativamente, pocos puestos de trabajo se perderían por los impagos de la Administración. Lo que sí debe preocuparnos es la demoledora deuda que España mantiene con esta industria y solo en Europa, porque la que tengamos con la estadounidense, si que es así, debe andar por los mismos números. Por el momento, a los recién llegados a los puestos de mando del Estado no paran de crecerle los enanos. Ya veremos en qué acaba un asunto que, lo queramos o no, nos toca de lleno.
