Decíamos esta misma semana que la Justicia debía iniciar cuanto antes un lavado a fondo de su imagen frente a la sociedad que la soporta incluso pagándoles los sueldos, con el fin de evitar las situaciones ridículas por demás que se desprenden de algunas de sus sentencias y procesos. Si ya de por sí lo del señor Camps parece que ha supuesto un menosprecio al sentido común y una muy mala imagen de cómo entienden algunos tribunales cuál debe ser la responsabilidad de los funcionarios públicos, lo del juez Garzón está alcanzando cotas de incredulidad realmente impensables por tratarse precisamente del Alto Tribunal y de quiénes han sido los denunciantes que pusieron en marcha los procesos que se siguen en su contra. De hecho, en las diferentes encuestas que medios de comunicación de tirada nacional realizan sobre este asunto, en la calle existe el convencimiento de que lo condenarán porque el objetivo real es precisamente retirarlo de la carrera judicial. ¿Las razones? En caso de que existan, desde luego que no alcanzamos a entenderlas desde perspectivas jurídicas y sí estrictamente personales, ya que las tareas desarrolladas por este funcionario público le han permitido auparse a puestos de gran popularidad entre la ciudadanía, y, lo queramos o no, este tipo de protagonismos no suelen caer especialmente bien entre quienes o no les gusta o no lo soportan.
Nosotros, que de las cosas de la Justicia sabemos más bien poco, y que aceptamos las sentencias convencidos de que deben haberse basado en pruebas lo suficientemente contundentes y probadas como para merecer el sí o el no de los jueces que la han dictado, nos tememos que en casos como los que compartimos nos será muy difícil aceptarlas de buena gana. Algo parecido debió ocurrirle al entonces alcalde de Jerez de la Frontera, señor Pacheco, para llegar a la conclusión de que la Justicia en España era un cachondeo, frase que luego le costó enfrentarse a los Tribunales y la oportuna y obligatoria rectificación posterior. En el caso del juez Garzón, la movilización de parte de la ciudadanía española y de otros puntos del planeta, que se ha manifestado por las calles de las ciudades mostrando su desacuerdo con el procesamiento, y la participación activa de medios de comunicación nacionales e internacionales, viene a confirmar que algo en todo este turbio asunto se está haciendo mal. El hecho, por ejemplo, de que la ultraderecha más recalcitrante de nuestro país disfrute públicamente con este enjuiciamiento, cuando menos nos debería hacer sospechar de cuáles son en realidad los intereses que se persiguen.
En esta línea, de acuerdo con la actualidad, estamos convencidos de que casos como el Gürtel o el Palma Arena, por ejemplo, evitando volver a citar a los mismos de hace unos días porque todos sabemos de cuáles se trata, pronto dejarán de ser noticia y la resolución del sumario dejará a más de uno con la boca abierta. Y claro, lo del caso Urdangarín, que para eso es nada menos que contra un miembro de la Casa Real, mucho nos tememos que aunque aún se recaban pruebas para la confección del sumario, costará demostrar su culpabilidad. Y es que, aunque algunos no queramos reconocerlo, lo de que la Justicia es igual para todos es solo una frase, y además muy alejada de la realidad. Cuando se dispone de influencias, cuando no falta dinero para enfrentarse con suficiencia a los enjuiciamientos y el abogado conoce su trabajo y, más aún, los vericuetos que la propia Justicia se ha inventado para eludir responsabilidades, eso sí, dentro de la más estricta legalidad, lo de devolver el dinero robado, lo de entrar en la cárcel, lo de ser procesado y declarado culpable es algo que en contados casos se ha conseguido cuando. La realidad muestra todo lo contrario y certifica y confirma que la Justicia no siempre es justa.
