ImprimirEl asunto de pago de la deuda que tienen contraída los ayuntamientos españoles desde hace años con sus habituales proveedores ha sido noticia impactante en todo el país y generada por el mismísimo Gobierno de la nación, como ya ocurrió con la Administración de Zapatero, y por el momento está sirviendo para aliviar económicamente a miles de empresas. En el caso de nuestra provincia, un total de 4.470 proveedores se han beneficiado de los 319,9 millones de euros liberados a solicitud de 82 ayuntamientos de nuestra provincia, que es la tercera de Andalucía con un mayor impacto de esta línea de crédito. Éste ha sido firmado con 26 entidades bancarias y cuenta con el aval del Estado, y supondrá acabar con la deuda que estaba pendiente de nada menos que 63.979 facturas correspondientes, como ya hemos dicho, a 4.470 proveedores. De ellos, la mayor parte corresponden a pequeñas y medianas empresas, mientras que 1.743 son personas físicas vinculadas a autónomos y 168 a grandes empresas. En total, el montante que el Gobierno de España ha destinado a la provincia para solventar estos pagos ha sido, repetimos, de 319,9 millones de euros pedidos por 82 de los 97 ayuntamientos que la conforman. Ello hace de Jaén la tercera de Andalucía más beneficiada en el impacto global del crédito asignado por el ICO, por detrás de Cádiz, con 859,6 millones, y Málaga, con 339,1. Además, somos la cuarta provincia de la comunidad con más número de consistorios solicitantes tras Granada, con 132; Sevilla, con 99, y Málaga, con 85.
Por supuesto, los representantes locales afines al Gobierno de la nación no han dudado en sacar pecho y anunciar a bombo y platillo que se trata de una acción consensuada con los ayuntamientos en general, aunque requerida por los administrados por el Partido Popular, que desde siempre han querido acabar con una lacra económica que ha perjudicado enormemente sobre todo a pequeñas y medianas empresas. De lo que han hablado muy poco ha sido que se trata de un dinero que debemos devolver con intereses y que finalmente lo pagarán los ciudadanos, que son los que mantienen a las instituciones con sus impuestos. En nuestro caso, sobre la provincia ha caído como un premio de la primitiva de casi cuatrocientos millones de euros que estamos convencidos que se notará en poco tiempo, ya que ha comenzado a ponerse en marcha la cadena económica que estaba detenida desde hace unos años y que mantenía sumida en la ruina a no pocas empresas y personas. El hecho de que las facturas sean abonadas permite a muchos de los proveedores hacer lo propio con quienes les sirven sus pedidos, al tiempo que otros iniciarán nuevos proyectos empresariales y que demandarán seguro empleo a corto plazo.
Otra buena noticia es que, teniendo en cuenta que el dinero que ha servido a las entidades locales para abonar sus deudas hay que devolverlo con interés, éstas se han visto obligadas a firmar un plan económico viable en el que se comprometen con la Administración central a asumir nuevas fórmulas de gestión que pasan inevitablemente por la reducción de gastos hasta ahora habituales y les obligará a enfrentarse a la nueva realidad económica que se ha generado con la crisis desde perspectivas más realistas. En cuanto a si los ayuntamientos se verán obligados a o no a despedir trabajadores es algo que ya hemos visto solo en entes locales en los que se había desproporcionado la plantilla, el resto, al menos por el momento, se mantiene en paz. Ya veremos.
