martes, 23 de octubre de 2012

DATOS SOBRE UNA REALIDAD SANGRANTE

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El número de mujeres que abandonan el proceso judicial por violencia de género que habían iniciado está aumentando considerablemente. Concretamente, en el segundo trimestre del año 4.288 de ellas decidieron no continuar con la denuncia que habían presentado. En el trimestre anterior fueron 3.711. Estos datos nos llegan procedentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que depende del Consejo General del Poder Judicial. Según este propio organismo se trata de una situación preocupante.

Luego de varios períodos de ligero descenso, la proporción entre denuncias por violencia machista presentadas y número de renuncias ha pasado de un 11,54 % en 2011 a un 13,11 % en junio de 2012. Una realidad que puede estar relacionada con la situación económica, puesto que la elevada vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género se ha acentuado  significativamente por la crisis y la situación real del país. Por otra parte, el miedo de las mujeres, los chantajes a los que son sometidas por los agresores, las presiones familiares unidas a la difícil situación económica, es evidente que si no provoca, al menos participa en que las víctimas se encuentren en una situación más frágil.

Con todo, aumentan las renuncias y también el número de denuncias por violencia machista. De hecho, en el segundo trimestre de 2012 se presentaron 32.704, un 5,9 % más que el primer trimestre. Esto significa que los juzgados españoles registraron una media de 359 denuncias diarias, 20 más que en el primer trimestre. La mayoría de ellas, concretamente el 71,42 %, fueron presentadas por las propias víctimas, el 11,37 % se iniciaron tras un parte de lesiones y el 14,35 % como resultado de la intervención policial directa y solo el 1 % fueron interpuestas por los familiares, un porcentaje ínfimo que no aumenta pese a las llamadas de atención que las instituciones se encargan de concienciar. Es más, difícilmente aumentarán las denuncias presentadas por las mujeres y por su entorno si se carecen de medios de apoyo. Es por eso, dice el Observatorio que controla estos datos, que es necesario mantener los recursos sociales y de apoyo que las administraciones disponen para atender a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Igualdad afirma que son conscientes del problema y de cómo los recortes de la partida destinada a las comunidades autónomas, y por tanto de los fondos que éstas tienen para organizaciones que atienden a las víctimas, tiene un gran papel en la situación actual. No hay, sin embargo, una estadística de los recursos que han desaparecido o se han reducido. Sin embargo, estas mismas fuentes exponen que otros programas de atención y seguimiento, como es el caso del telemático o por móvil, se han reforzado. En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas frente a las 51 del año anterior en el mismo período de tiempo. Que estos datos se den a conocer a la ciudadanía supone asumir el riesgo que representa el ser consciente de que la política que se sigue no es la más adecuada, aunque tenemos que reconocer que también es un ejercicio democrático que puede influir en la mejora cualitativa que tanto necesita el apartado de la violencia de género.