El número de mujeres que abandonan el proceso
judicial por violencia de género que habían iniciado está aumentando
considerablemente. Concretamente, en el segundo trimestre del año 4.288 de
ellas decidieron no continuar con la denuncia que habían presentado. En el
trimestre anterior fueron 3.711. Estos datos nos llegan procedentes del
Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género que depende del Consejo General del Poder Judicial. Según este
propio organismo se trata de una situación preocupante.
Luego de varios períodos de ligero descenso, la
proporción entre denuncias por violencia machista presentadas y número de
renuncias ha pasado de un 11,54 % en 2011 a un 13,11 % en junio de 2012. Una
realidad que puede estar relacionada con la situación económica, puesto que la
elevada vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género se ha
acentuado significativamente por la
crisis y la situación real del país. Por otra parte, el miedo de las mujeres,
los chantajes a los que son sometidas por los agresores, las presiones
familiares unidas a la difícil situación económica, es evidente que si no
provoca, al menos participa en que las víctimas se encuentren en una situación
más frágil.
Con todo, aumentan las renuncias y también el
número de denuncias por violencia machista. De hecho, en el segundo trimestre
de 2012 se presentaron 32.704, un 5,9 % más que el primer trimestre. Esto
significa que los juzgados españoles registraron una media de 359 denuncias
diarias, 20 más que en el primer trimestre. La mayoría de ellas, concretamente el
71,42 %, fueron presentadas por las propias víctimas, el 11,37 % se iniciaron
tras un parte de lesiones y el 14,35 % como resultado de la intervención
policial directa y solo el 1 % fueron interpuestas por los familiares, un
porcentaje ínfimo que no aumenta pese a las llamadas de atención que las
instituciones se encargan de concienciar. Es más, difícilmente aumentarán las
denuncias presentadas por las mujeres y por su entorno si se carecen de medios
de apoyo. Es por eso, dice el Observatorio que controla estos datos, que es
necesario mantener los recursos sociales y de apoyo que las administraciones
disponen para atender a las víctimas de violencia de género.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Igualdad afirma que son
conscientes del problema y de cómo los recortes de la partida destinada a las
comunidades autónomas, y por tanto de los fondos que éstas tienen para
organizaciones que atienden a las víctimas, tiene un gran papel en la situación
actual. No hay, sin embargo, una estadística de los recursos que han
desaparecido o se han reducido. Sin embargo, estas mismas fuentes exponen que
otros programas de atención y seguimiento, como es el caso del telemático o por
móvil, se han reforzado. En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas frente a las 51 del año anterior en el mismo
período de tiempo. Que estos datos se den a conocer a la ciudadanía supone
asumir el riesgo que representa el ser consciente de que la política que se
sigue no es la más adecuada, aunque tenemos que reconocer que también es un
ejercicio democrático que puede influir en la mejora cualitativa que tanto
necesita el apartado de la violencia de género.
