Entre nosotros, a nadie se le ocurrió
pensar que, al igual que en Grecia, también en España, cuando la presión de la
crisis fuera a más, a alguien se le ocurriría suicidarse debido a su situación
personal. Allí se quemó a lo bonzo un farmacéutico que no soportó las carencias
económicas que padecía; aquí, un autónomo granadino que regentaba una papelería
y puesto de venta de prensa, que esa misma mañana iba a ser desahuciado de su
piso. Y también anotamos el intento de otra persona, que lo hizo tirándose
desde el balcón de su vivienda, en un segundo piso. Las mismas causas para un
final que estamos convencidos pudieron evitarse. Si la tristeza y la convulsión
social que han devenido a nuestros gobernantes, que a ellos y a la crisis le
dedicábamos la semana pasada un comentario con el mismo tema que el de hoy, si
asumen su responsabilidad, quizá acaben siendo unos hechos aislados y todo quede ahí. Desde luego, el
panorama no está en situación de mejora; al contrario, todos los datos e
indicios indican que lo de la economía doméstica va a peor, que las
oportunidades laborales sencillamente no existen y que los desahucios se
mantienen impunemente. Es evidente que los bancos han ganado su particular
batalla ante el Gobierno y que éste ha sucumbido a sus exigencia, reales o no,
y por el momento es su única preocupación. Los recortes efectuados, los que
harán en poco tiempo y los préstamos que se pidan a Bruselas en forma de
rescate o de otra índole solo tendrán un objetivo: engordar la cuenta de los
banqueros, ávidos de dinero fácil que, digan lo que digan, no tienen intención
de devolver. Quizá por eso no acepten la exigencia o petición del Gobierno
español ante el Banco Central Europeo, según la cual, como el dinero del
rescate es para capitalizar los bancos españoles, que sean éstos los que se
hagan cargo del préstamo y no el Estado, porque de esta manera lo seguro es que
no pagarán, como ya ha ocurrido con todas las entidades que por el momento han
sido capitalizadas con cargo al Erario Público. Mientras, la ciudadanía a
verlas venir, sin posibilidades de ningún tipo y escuchando a los dirigentes
políticos anunciar que estamos ante los últimos presupuestos del Estado para la
crisis, porque el año próximo todo será diferente. Lo que no han explicado, al
menos por el momento, es en qué se basan para llegar a esta conclusión.
Lo que sabemos con total certeza es
que ya tenemos el primer suicidio de la crisis, el granadino que no pudo más y
decidió quitarse la vida antes de verse a él, que era soltero y vivía solo, en
la calle por el desahucio que venía avalado por el juzgado de guardia de su
ciudad. Es de tanto calibre el momento,
es tan complejo y desgarrante, que es comprensible que este ciudadano no
pudiera soportar la presión a la que estaba sometido desde que supo que lo
desahuciarían. Ahora todo son lamentaciones y denuncias, quejas y
despropósitos, pero la realidad es que una persona ha fallecido a causa de la
crisis económica que ella ni quiso ni provocó y que el banco en cuestión se ha
quedado con su vivienda, le pasará los gastos que ha generado el acto y le
seguirá remitiendo a su familia los recibos que le queden por abonar de la
maldita hipoteca que firmó en su día con quienes solo le daban facilidades para
devolverlo.
Por su faltaba algún dato que guardar
para la posteridad, en un alarde de sumisión política y financiera, el Consejo
General del Poder Judicial ha decidido no asumir el contenido de un informe que
él mismo encargó a un grupo de seis magistrados y coordinado por el vocal
Manuel Almenar, ligado precisamente a los desahucios y a las formas con las que actúan los bancos, que
obligan a los jueces a intervenir sin miramientos ni posibilidades para los
denunciados. El informe denuncia concretamente los abusos del sistema de desahucios
y los jueces critican la mala praxis bancaria, la venta torticera de productos
financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas previstas para la banca. Ya me dirán ustedes en quiénes,
entonces, podemos confiar.
