Lo comentábamos en el programa de “Motor en
directo” de los domingos. Y les decíamos que el Ministerio de Justicia pretende
introducir, en la reforma del Código Penal que ha planteado el ministro de Justicia,
una nueva normativa que prevé dejar fuera las faltas de tráfico, lo que
supondría que más del ochenta por ciento de los accidentes no tendrían finalmente
un responsable penal. Naturalmente, las asociaciones que controlan los
accidentes de tráfico y que tanto ayudan a las víctimas y sus familiares, han
puesto el grito en el cielo y se reúnen estos días con diferentes responsables
de Justicia en busca de un consenso que evite lo que entienden, y entendemos,
como un disparate. Desde luego, por el momento no parece que exista interés en
el Ministerio y estamos convencidos de que todo puede quedar como se pretende por parte
del responsable de esta decisión, el ministro Gallardón, lo que afectaría a las
miles de personas que han sufrido un accidente y a las otras miles que forman
parte del grueso de víctimas previstas por la Dirección General
Actualmente solo se tramitan como imprudencia grave
o delito las conductas con resultado grave. Si ésta es leve o su el resultado,
aunque la imprudencia sea grave, se considerará una falta. Desde las
asociaciones aseguran que ocho de cada diez víctimas de accidentes de tráfico
lo son por conductas que el nuevo Código Penal dejaría fuera al no penar las
faltas. Por el momento, sobre el juez ha recaído la mayor parte de la
responsabilidad de determinar la gravedad de una imprudencia al volante y quien
decide si es grave, y por tanto, si es delito siempre que el resultado haya
sido grave. O si es leve y se queda en una mera falta. En el caso de que algún
juez interprete como falta provocar una lesión no permanente, como podía ser el
caso de un golpe en el brazo que le provoque diez días de baja, luego de saltarse
un semáforo en rojo el conductor causante, todo quedaría en nada.
Ante el varapalo que se les vendría encima a las víctimas por
accidentes de tráfico, las asociaciones de víctimas pretenden que se incluyan
en el Código Penal las conductas imprudentes al volante que ocasionen daños a
las personas. Además, proponen que se consideren imprudencias graves, es decir,
delito cuando el resultado sea grave, las infracciones que la ley de Tráfico
califica como graves o muy graves, como podía ser, por ejemplo, no respetar un ceda el paso, cuando se
hubieran ocasionado víctimas. También se reclama una mejor definición de los
protocolos y procedimientos para la realización obligatoria de pruebas de
alcoholemia y de detección de drogas, así como la exención de las tasas
judiciales para la reclamación por parte de las victimas y familiares de
indemnizaciones por daños personales ocasionados en siniestros de tráfico.
Nosotros
creemos que todo lo que se decida en beneficio de los infractores nos parece
una aberración y un error que estamos seguros nos pasará factura en poco
tiempo, especialmente en el número de víctimas. Por otra parte, todo indica que
los auténticos beneficiados de este asunto son las compañías de seguros, que
han realizado un buen trabajo alrededor del Ministerio de Justicia y de cuyo
resultado comenzamos a ver los frutos muy pronto. Por otra parte, aunque los
jueces tengan la última palabra a la hora de calificar si el accidente supone o
no un delito, la realidad es que éstos recibirán instrucciones específicas para
que la despenalización sea un hecho y los perjudicados no disfruten de los
beneficios propios que merecen los que han sido, por ejemplo, atropellados en
plena calle cuando cruzaban por un paso de peatones y con el semáforo en rojo
para los vehículos.
