Lo pudimos ver hace unos días a través de imágenes
televisivas y estamos convencidos de que, si no todos, sí una gran mayoría
aplaudimos la actitud de los bomberos de La Coruña que
se negaron a participar en el desahucio de una vivienda. Ahora sus compañeros
intentan por todos los medios evitar las sanciones que les pueden caer por esta
negativa, aunque lo destacable ahora es que los bomberos como colectivo se
niegan a actuar en casos de desahucios. Y no lo han dicho unos cuantos, sino el
sindicato del sector de toda España, que ha mostrado su apoyo a sus compañeros
gallegos que optaron por no intervenir en el desalojo, recuerden, de la señora
de ochenta y cinco años que debía a su casero dos mensualidades del año 2011.
Estos profesionales, apoyados por su sindicato, afirman que los desahucios no son situaciones de
emergencia y, por tanto, no forman parte de sus tareas. Eso sí, como empleados
públicos que son, su obligación es atender la llamada y a acudir al lugar en el
que sean requeridos, pero, una vez allí, pueden decidir no intervenir. Los primeros en negarse a actuar a sacar por
la fuerza a los desahuciados de sus domicilios fueron, como hemos dicho, los
bomberos de La Coruña ,
pero afortunadamente para ellos enseguida se le han unido los de Cataluña,
Madrid, Canarias, Baleares, Murcia, Valencia y también se han manifestado en
contra de participar en desalojos los bomberos de Aragón. Comprobando la
actitud de la clase política y viendo las grandes diferencias que muestran unos
y otros, está claro que valoramos muy alto la decisión de este colectivo.
El bombero que el lunes empuñó una pancarta de Stop
Desahucios frente a la vivienda de la capital gallega, que se ha negado a
realizar declaraciones, asegura que no pudo resistir la presión que le producía
el problema que veía y que decidió intervenir activamente en un acto por sí
mismo vergonzoso. En cuanto a si tendrá que enfrentarse a la posible sanción
que se le imponga por parte del Ayuntamiento, asegura que no crea que sea así
puesto que tanto el alcalde como concejal de Seguridad han declarado que, al no
tratarse de una emergencia, quienes se negaron a actuar cumplían con su deber. Como
debían, atendieron la llamada de la policía y, una vez allí, optaron por no
intervenir. Lógicamente, no se descarta la acusación de desobediencia civil,
situación de la que derivaría un expediente por falta leve o grave, en caso de
se hubiera puesto en peligro la vida de una persona. La única posibilidad abierta
para la sanción es la de desacato, aunque también se descarta porque, una vez
la autoridad municipal ha eludido la sanción, considera muy improbable que la Justicia tome alguna
decisión en contra. A todo esto, añadimos que por el momento se han conseguido
nada menos que cincuenta mil firmas de otros tantos ciudadanos apoyándolo que
aseguran estar concienciados y orgullosos de su actitud, y pidiendo al
Ayuntamiento que no se le sancione.
Según
los datos que se desprenden de este caso, en realidad serían los cerrajeros los
que debían responsabilizarse de la apertura de la vivienda a desahuciar, pero
como resulta que éstos se habían negado, la policía se vio en la obligación de
llamar a los bomberos. Es decir, que se está cerrando imparablemente el cerco
del rechazo de muchos profesionales, que ven en esta práctica en exceso del que
no quieren formar parte. Las tragedias que generan los desahucios son de tal
calibre, tienen tanta influencia entre la ciudadanía, que no es de extrañar que
a los bomberos y los cerrajeros se les unan en poco tiempo los colectivos que,
como es el caso de los agentes de la policía y la guardia civil, no sean
capaces de asumir como su obligación el hecho de tener que sacar de sus
viviendas a sus moradores de la forma que hemos visto en algunas imágenes
televisas, arrastrando por el suelo y gritando y llorando desconsoladamente.
Evidentemente, hay que tener una preparación muy especial para eludir
situaciones tan extremas, que no otra cosa ha sucedido con los dos colectivos
aludidos.
