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Nosotros lo dijimos en su día y el
tiempo, desgraciadamente, nos está dando la razón. Y es que las personas que
decidieron, ante el inminente desahucio de su vivienda que se les venía encima,
quitarse la vida, debían saber que su muerte no sería en vano, que serviría de
algo. Y claro que ha servido, concretamente para que los dos partidos mayoritarios
de nuestro país hayan decidido al menos incluir la demanda popular, que ha
llegado al Congreso con casi millón y medio de firmas, y valorarla de acuerdo
con las leyes en vigor. A partir de ahora se inicia, por tanto, un largo y
lento proceso de discusiones en el que pocos son los que tienen puestas sus
esperanzas, sobre todo teniendo en cuenta la forma de actuar que han mostrado
nuestros representantes. Sin embargo, conviene destacar y no perder de vista la
fuerza que ha conseguido la organización “Stop desahucios”, que ha pasado de
ser una gran desconocida a invitada al Congreso de los Diputados para exponer
sus argumentos. Sin duda, un paso cualitativo que está dando alas y esperanzas
a las miles de personas que se han visto abocadas a la pérdida ineludible de su
vivienda sin que, al mismo tiempo, se les elimine la deuda que tienen contraída
con la entidad bancaria.
A todo esto, aunque la Ley Hipotecaria no se haya
actualizado desde hace cien años, aunque la clase política apoye sin fisuras la
dación en pago, el asunto no es sencillo ni mucho menos, ya que la banca ni
está dispuesta ni puede perder de la noche a la mañana los miles de millones de
euros que supondría la condonación de esta gran deuda. Antes, suponemos, se
deben plantear políticas que permitan a quienes prestaron el dinero la
recuperación de éste en cualquiera de las formas conocidas. Esto y el hecho de
que los firmantes aceptaron las condiciones que les impusieron en su momento y
que aceptaron de buena gana convencidos, por supuesto, de que con su trabajo
abonarían los pagos conforme fueran cumpliendo, es decir, que existen unos
documentos firmados en los que se detallan fielmente las obligaciones de las
partes y lo de cumplirlas o no es algo que en principio no parece admitir
dudas.
El panorama sería muy diferente si al
prestamista se le asegurara la reventa de la propiedad que le ha sido entregada
a cambio de la deuda, ya que la situación sería claramente diferente, puesto
que, además del pago de los plazos que el banco ya ha recibido y que se queda
con ellos, dispone de una vivienda que, una vez vendida, le reportaría
importantes beneficios, por lo que el negocio les habría salido redondo. Pero
no es así. Al contrario, la venta de pisos se ha detenido en un punto que hace
inviable cualquier planteamiento y consecuentemente dificulta los intereses de
unos y de otros. Concretamente en nuestra ciudad nada menos que dos mil
quinientas viviendas esperan ser colocadas en el mercado desde hace años y, lo
que es peor, no se vislumbran cambios económicos que nos hagan pensar que
pronto cambiará esta tendencia.
La locura, la incongruencia a la que asistimos desde hace unos años, es que se mantengan cerradas tantas viviendas y que, mientras tanto, haya familias que estén prácticamente durmiendo, si no en la calle, sí en condiciones muy precarias. El que desde las instituciones no se haya conseguido al menos paliar esta situación, confirma que sus necesidades caminan por caminos claramente diferentes. Había que implantar por ley el alquiler social o el acceso a la vivienda por razones de humanidad si de verdad quieren sus señorías ganar algo de credibilidad en la calle. A la clase política se le olvida que están donde están, disfrutan de las prebendas que les aportan sus cargos, sencillamente porque la ciudadanía lo ha querido. Por lo tanto, con que fueran mínimamente agradecidos, la situación sería claramente diferente. Por el momento sumamos siete personas fallecidas que tenían pendiente el desahucio de sus viviendas. Ahora solo faltaría que, de nuevo, apareciera uno de los padres de la Iglesia de nuestro país diciendo que estas muertes no tienen ligazón alguna con la situación en la que viven.
La locura, la incongruencia a la que asistimos desde hace unos años, es que se mantengan cerradas tantas viviendas y que, mientras tanto, haya familias que estén prácticamente durmiendo, si no en la calle, sí en condiciones muy precarias. El que desde las instituciones no se haya conseguido al menos paliar esta situación, confirma que sus necesidades caminan por caminos claramente diferentes. Había que implantar por ley el alquiler social o el acceso a la vivienda por razones de humanidad si de verdad quieren sus señorías ganar algo de credibilidad en la calle. A la clase política se le olvida que están donde están, disfrutan de las prebendas que les aportan sus cargos, sencillamente porque la ciudadanía lo ha querido. Por lo tanto, con que fueran mínimamente agradecidos, la situación sería claramente diferente. Por el momento sumamos siete personas fallecidas que tenían pendiente el desahucio de sus viviendas. Ahora solo faltaría que, de nuevo, apareciera uno de los padres de la Iglesia de nuestro país diciendo que estas muertes no tienen ligazón alguna con la situación en la que viven.