Si echamos la vista atrás, vemos que
la corrupción comenzó a sonarnos cuando Juan Guerra, el hermano del por
entonces nada menos que vicepresidente del Gobierno, comenzó a enviarnos noticias
relacionadas con abusos de poder y comisiones supuestamente cobradas
ilícitamente aprovechándose de su parentesco. A partir de entonces raro era el
mes o el año que no conocíamos casos de la misma índole y protagonizado por
cargos políticos directos o de quienes se aprovechaban de ellos para conseguir
dinero extra en forma de sobornos y otras lindezas. Luego llegó lo del GAL, que
acabó con un ministro y un director general de la Policía en prisión. Tanto
fue el cántaro a la fuente, que el PSOE pagó con una gran derrota electoral tanto
despilfarro de dinero público. La etapa de Aznar parece que ha superado con
creces lo que protagonizaron sus contrincantes políticos, ya que lo que nos
llega como noticia de primer orden no tiene desperdicio y creemos sinceramente
que acabará con muchas ilusiones de ciudadanos ingenuos que nunca creyeron, ni
de lejos, que estos señores acabarían siendo, presuntamente, unos simples
chorizos.
Entendemos que eso de manejar tanto
dinero que no es de uno, eso de que los que buscan contratos del Estado no
cejen en su empeño y te ofrezcan el oro y el moro, eso de llevarse el dinero
público convencido de que nadie se enterará, debe ser algo que, por lo que
estamos viendo estos días, supera la decencia del más pintado. Por lo tanto,
mandando por delante como mensajero de paz y concordia la presunción de
inocencia de todos los encausados, lo que está ocurriendo con buena parte de
nuestros representantes políticos es una barbaridad inaceptable. Y no les digo
más de las maneras y formas que están usando para eludir su responsabilidad,
porque es lo que faltaba a un asunto que huele mal desde que vio la luz y que
se ensucia por horas. Por lo que parece, ahora lo quieren arreglar anunciando,
porque luego vaya usted a saber si lo cumplen, una auditoría externa y otra
interna con el fin de convencernos de que dará luz a la oscuridad de sus
cuentas generales. Sin embargo, menosprecian a la ciudadanía de una forma burda
e insostenible, porque todo quisqui entiende que el resultado solo dará luz a
la contabilidad oficial. La que tiene que ver con los supuestos sobresueldos y
las entregas de dinero negro no la conocerán los auditores ni de lejos.
Suponemos que para calmar las quejas
que les llegan desde la calle, el fiscal general del Estado ha decidido que,
ante la apabullante documentación que ha aparecido en los medios, el asunto
merece actuar y eso ha sido lo que mandado a sus subordinados: que investiguen,
no sabemos si a fondo o superficialmente, la verdad de todo lo que estamos
conociendo a través de la prensa. A partir de ahora no sirven que sean los
otros los que tienen la culpa o que se trata de un asunto que tiene como
finalidad la de derrocar al presidente del Gobierno o de dañar a su partido,
que es lo que se ha venido diciendo conforme aparecían datos sobre el caso. Ya
nadie se cree que se haya creado una trama con fines políticos y sí que se
trata de averiguar, no ya si se han llevado o no dinero público, que eso no
parece admitir duda alguna, sino de
saber cuánto, que es distinto.
Sinceramente, no nos gusta este
asunto. Nos sitúa ante un momento especialmente crítico porque se ha producido
en el peor de nuestra historia reciente, justo cuando nos encontramos inmersos
en una crisis de la que no acabamos de salir. Y es que eso de que unos cuantos
se hayan apropiado de un dinero que no les corresponde y con él se hayan procurado un patrimonio desproporcionado
mientras millones de ciudadanos las están pasando canutas, es cuando menos
vergonzoso.
