De los datos que nos envían las asociaciones de
afectados, sabemos que entre 2008 y 2012 se produjeron en España casi 400.000
ejecuciones hipotecarias; concretamente,
391.032. Esto quiere decir que se mantuvo una media anual de 80.000; con
más detalle, y si se descontamos los sábados y los domingos, el total diario
fue de 321. Y que conste que son cifras oficiales que nos llegan avaladas por
el Consejo General del Poder Judicial y que no separan la naturaleza del
inmueble, es decir, que no se especifica si se trata de pisos, chalé, plazas de
garaje, un edifico completo, etc. Por lo tanto, está claro que el Gobierno
mantiene también en este apartado la habitual falta de transparencia con la que
se enfrenta a los problemas de la ciudadanía, ya que sería muy interesante para
la estadística poder diferenciar de qué inmueble se trata concretamente. Por
supuesto, aunque se insista mucho y se diferencie y matice, en ningún caso se
trata de primeras viviendas.
El grueso del drama de los desahucios
lo encontramos en las familias que se quedan sin vivienda. De hecho, con que
acudamos una sola vez al desarrollo de cualquiera de las reuniones que convocan
las diferentes asociaciones, al drama que supone la pérdida de la vivienda
debemos sumar el auténtico origen de estos desahucios, ya que es el paro, con
un noventa por ciento de incidencia, el que ha sido determinante para que éste
se produzca. Y vamos más lejos, puesto que incluso más que el desempleo, en
realidad el calvario familiar se inicia justo cuando a los parados se les
termina el subsidio por desempleo. Los primeros maxiendeudados que recalaron en
las asambleas eran inmigrantes y lo hicieron porque necesitaban de información
y ayuda. Su problema: pisos tasados de forma exagerada, adquiridos con tipos de
interés asequibles y con cuotas de unos seiscientos euros de media en todos los
casos.
Fueron también en las asambleas en donde se descubrieron
las irregularidades cometidas mientras se mantenía la conocida burbuja o
bienestar inmobiliario, que se hinchaba a diario y nadie hacía nada por
controlarlo. Como ejemplo, algunos de ellos cuentan con expedientes la mar de
significativos del caos que por entonces se vivía: avales cruzados entre dos
hermanos que avalaban entre sí el piso hipotecado, falsos avales, propiedades supuestamente
situadas en el extranjero que fueron aceptadas como aval… Eran los años en los
que veíamos a ministros y presidentes invitando a los ciudadanos a que nos
endeudáramos en la compra de un piso o una vivienda. De hecho, de todos es
conocido que la locura por el ladrillo convenció a media España en que alquilar
era tirar el dinero. Y todo ello con la complicidad de las oficinas bancarias
de barrio y los notarios, que no daban abasto en estampar firmas en las
escrituras. Precisamente esto es lo que argumentan muchas de las familias
afectadas, que aceptan su parte de responsabilidad, pero que de todas partes
recibían presiones y finalmente cayeron comprando una vivienda.
Estamos
seguros de que con el comentario de hoy hemos abierto un nuevo cauce para
interpretar mejor la realidad de los desahucios. Y todo porque el Tribunal
Europeo ha decidido rectificar a nuestro país en algo tan elemental como es el
abuso que se produce en la totalidad de las hipotecas firmadas y en la forma en
la que se interpreta en España el tema de los desahucios. A partir de ahora,
los jueces tendrán también la palabra antes de firmar la orden para poner en la
calle a las familias afectadas. Hasta ahora esto no era posible porque la
legislación marcaba a la perfección cuáles eran sus posibilidades de
interpretación, lo que les ha hecho
ganar las antipatías de buena parte de la población. Esperemos que para empezar
los desahucios se ralenticen y que se encuentren fórmulas que aproximen a las
partes afectadas en la busca de soluciones.
