Conforme ganamos en experiencia, más convencidos estamos
que la ponderación debe estar en todas nuestras decisiones, y más si éstas no
son solo cosa nuestra y sí de otras personas que exigen lo mismo que nosotros.
Por lo tanto, alcanzar un acuerdo, aunque no sea todo lo bueno que nos hubiera
gustado, siempre será mejor que no conseguir ninguno. Y nos queremos referir al
asunto del río Guadalquivir, que comprendemos que a ustedes también les canse,
pero es que son cientos las vecinas y vecinos nuestros los que se están jugando
algo más que la pérdida de sus propiedades y, por otra parte, porque la semana
pasada nos dejábamos precisamente para hoy el análisis de los encuentros
previstos por parte de la plataforma y del Partido Socialista de nuestra
ciudad, que se citaron con los medios de comunicación locales para hacerles
llegar su mensaje de disconformidad con el análisis realizado por la Confederación Hidrográfica
La coincidencia de sus conclusiones, o en la mayoría de sus
juicios, confirman la compartida preocupación que les ha quedado luego de la
visita de los técnicos y representantes de la Confederación a
nuestra ciudad la semana pasada. Es lógico que ante respuestas tan escasamente
técnicas y contundentes, lo menos que se les ocurra a los agraviados sea no
creerse lo que han venido a contarles. Pero como de lo que de verdad debe
tratarse es de conseguir un acuerdo de no agresión verbal y sí de consensuar lo
que mínimamente interese a las dos partes enfrentadas, lo idóneo e inteligente sería
adoptar planteamientos viables a corto plazo con el fin de que la
responsabilidad no suponga una situación indefendible ante los superiores que
no conocen del asunto ni siquiera de lejos. Para empezar, porque la gran
inversión ya está hecha y el trabajo parece que casi terminado, solo a falta de
unas intervenciones de carácter imprescindible que cerrarían los momentos de riesgo a los que desgraciadamente estamos
acostumbrados.
Por otra parte, el tema de las indemnizaciones es un
detalle que, aunque sea solo por justicia y por la enorme diferencia económica
existente entre la concesionaria, que no propietaria, de la presa de Marmolejo
y los vecinos de las tierras inundadas, debería estar terminado desde hace
meses. El hecho de que estas personas, todas económicamente débiles, se las
tengan que ver en los tribunales con quien cuenta, no solo con poderío económico
de sobra, sino con un equipo de abogados de primera línea capaz de defender lo
indefendible, representa por sí mismo una injusticia. Sinceramente, no acabamos
de entender que a estas alturas no se haya conseguido convencer al poderoso, es
decir, a Sevillana-Endesa, de la necesidad de acabar con esta angustiosa espera
y, además, obligarles a los damnificados a invertir lo que no tienen en gastos
evitables. Llegados a este punto, plantearse razones o argumentos para intentar
comprender el mal momento de unos y el regocijo de otros, nos exige una serie
de preguntas. Por ejemplo, ¿tan mal andamos de sentimientos que no llegamos a
entender que quien ha sido dañado es el más débil? ¿De verdad que no es posible
el consenso y disposición a lo que sea pertinente para conseguir que estas
personas reciban el dinero que han perdido por las inundaciones? ¿No sería más
digno para la ciudadanía y muy especialmente para sus representantes que se
dispusieran los mecanismos precisos para hacer de esta causa un frente común a
defender donde fuera necesario? ¿Es acaso que estos ciudadanos no son de los
nuestros o de rango inferior? ¿A qué puerta deben llamar para que se les
atienda su legítima queja?
A todo esto, los
niveles del agua del río están de nuevo anegando buena parte de nuestro
territorio, incluso naves, que es lo que faltaba para que, una vez más, nos las
tengamos que ver con la Administración de turno en la defensa y demanda de lo
que es nuestro. Por encima de cualquier interés político está la defensa de la
ciudadanía y el político o el partido que no quieran aceptar esta máxima no
deberían contar con nuestro respeto. Ustedes pueden pensar lo que quieran, que
para eso les asiste el derecho a no estar de acuerdo, pero en nuestro caso
somos incapaces de interpretar correctamente la situación. Quizás porque
siempre hemos entendido que un ayuntamiento, un gobierno local, incluidos todos
los partidos políticos, están para defendernos, independientemente de su color
político. Y más desde luego cuando la causa está más que justificada, y que los
daños han sido valorados con tiempo y a tiempo. ¿A qué esperan?
