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Si nadie lo remedia ni las
manifestaciones que estamos seguros convocarán los nuevamente agredidos
funcionarios, especialmente los de las Administraciones locales, o lo que es lo
mismo, los de los ayuntamientos, lo que por el momento es un anuncio de
intenciones se convertirá en realidad en poco tiempo. El asunto es que el
ministerio que gestiona el señor Montoro ha anunciado que volverá tocar el
sueldo de los empleados de los ayuntamientos a la baja, aunque ha matizado que
no lo hará rebajando sus nóminas y sí limitando las posibles subidas a las que
tuvieran derecho. Por supuesto, no se asume que con esta medida se pretenda
rebajar los sueldos de los empleados públicos, ni tampoco que tengan previsto
modificar sus estatutos; en todo caso, ajustar los sueldos a la realidad del país y al trabajo que
desarrollan.
Desde la Federación Española
de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde popular, nos ha llegado también su opinión y ésta lo
que hace es dejar constancia que lo que se quiere realmente es limitar los
crecimientos que, con el paso de los años, se pudieran aprobar para
funcionarios diferentes, y no solo de los locales, ya que esta posible decisión
involucraría a todas las Administraciones del Estado. Y se acaba insistiendo
desde esta federación de municipios que el Gobierno no tiene intención de
recortar el sueldo actual de los funcionarios sencillamente porque no entra en
esa cuestión y sí en la evolución futura del crecimiento de los sueldos. Es
decir, un estudiado asunto que ha visto la luz cargado de incógnitas y de sí,
pero no, algo muy habitual en el Ejecutivo, que no duda en aplicar lo que le
interesa, y parece que el tema de los sueldos de los empleados municipales lo
tiene en el punto de mira desde hace tiempo.
En realidad, lo que interesa al Gobierno es que con
esta medida y la reforma de la Administración local se ahorraría 8.000 millones
de euros y todo lo demás son cuentos chinos. De hecho, si nadie lo remedia, ya
tiene hasta fecha de implantación, que se anuncia para el 1 de enero de 2014, y que eliminará, además,
a los municipios supuestamente ineficaces por su incapacidad para gestionar
servicios y que tengan menos de 20.000 habitantes. Esto quiere decir que
obligaciones tan implantadas como sería el control de los cementerios, la recogida
de residuos, el agua potable o la pavimentación de calles quedarían en manos de
las diputaciones, a las que iría la financiación y también una buena parte del
personal municipal. Consecuentemente, los entes locales quedarían como
interlocutores necesarios con las diputaciones hasta que, pasados cinco años,
presenten un plan de viabilidad para recuperar las competencias que les
retiraron.
Por los datos que tenemos, esta medida se llevará
por delante como mínimo cinco mil ayuntamientos que no alcanzan la cifra de
veinte mil habitantes, que tienen los días contados porque perderán la gestión
de los servicios que ahora atienden. La nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la
Administración Local se va a presentar a la organización
nacional que controla a todos los ayuntamientos españoles para su discusión y
posible apoyo, aunque no parece que vaya a contar con el respaldo de todos los
partidos políticos, que ya han anunciado su rechazo por absurda e ineficaz. De
hecho, en las propias filas del Partido Popular se anuncian desacuerdos con las
decisiones del ministro, que persigue un único objetivo y éste es el de ahorrar
ocho mil millones de euros. De entre las medidas a tomar destaca las que
dejarán sin sueldo a miles de alcaldes, decisión polémica por demás y que se
basa en que, al pasar la práctica totalidad de
las funciones de los ayuntamientos directamente a las diputaciones provinciales,
éstos se quedarían sin tareas y no podrían justificar sus nóminas.
