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El
Gobierno, que ejerce legítimamente su responsabilidad de acuerdo con
sus principios y sus obligaciones, no ha perdido de vista el tema de
los sueldos o las prestaciones que los parados controlados por el
INEM han cobrado de más o injustificadamente, porque debemos asumir
sin complejos que alrededor del tema del paro se dan situaciones de
todo tipo y no es exagerado aceptar que no son pocos los que hacen
todo lo posible por seguir recibiendo dinero del Estado o cobrarlo
ilegalmente. Hace unas semanas, no obstante, desde la portavocía del
Gobierno, o lo que es lo mismo, por parte de Soraya Sáenz de
Santamaría, se cometió un error en la interpretación de las cifras
que le habían dado con el paro de fondo y que le llevó a asegurar
que se habían controlado miles de trabajadores que habían
defraudado en las prestaciones de desempleo. Luego, cuando los datos
fueron ajustados, se comprobó que no era así, que el error fue de
interpretación y para nada la cifra dada tenía relación con la
realidad. Sin embargo, en el Boletín Oficial del
Estado de la semana pasada leíamos parte del informe de auditoría
de las cuentas anuales correspondientes al año pasado del SEPE, que
es el nuevo nombre del antiguo INEM. De acuerdo con la valoración
general de este informe, los números resultan positivos, ya que
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera o presupuestaria y los
resultados del organismo, y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada.
Estos
auditores han realizado el informe y en sus conclusiones instan a la
corrección de varias dudas y errores o incumplimiento de principios
y normas contables. De éstos, precisan que el organismo no ha
reconocido derechos por los reintegros de pagos indebidos de
prestaciones por desempleo que están en vía ejecutiva. El importe
aproximado del saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2012
supuso una cantidad de más de setenta millones de euros. Dicho de
otra forma, las cuentas del organismo que controla el empleo y el
paro en nuestro país no recoge como ingresos pendientes de cobro
estos millones de euros en prestaciones por desempleo que han sido
cobradas, supuestamente de manera indebida por obreros parados por
distintos motivos, como fraude descubierto, errores administrativos o
pérdidas de derechos luego de una revisión a fondo.
Sea
como sea, los más de setenta millones ilegalmente cobrados están
actualmente en situación de reclamación a los trabajadores que
supuestamente los cobraron ilegalmente y que está siendo controlada
por la Seguridad Social, por lo que perdidos del todo no están. Las
personas en situación de desempleo que están afectadas por el
supuesto cobro indebido y que actualmente perciben prestaciones de
otro tipo del mismo organismo, deben saber que se les irán
descontando las cuantías que correspondan de estas ayudas. De todo
esto podemos deducir que no siempre se acierta cuando evitamos
denunciar cobros a los que somos conscientes no tenemos acceso ni nos
corresponden, quizás convencidos de que los funcionarios y los
diferentes controles implantados no detectarán el error. Luego
resulta todo lo contrario y todo son quebraderos de cabeza. Por lo
que nos toca, porque debemos recordar que las personas que reciben
ayudas económicas procedentes del Estado a través de las oficinas
de empleo se surten fundamentalmente de las nóminas de los
empleados, creemos que se debe trabajar en la erradicación del
fraude y no sólo en el paro, que ya sabemos lo que ocurre en todos
los órdenes, tanto en la empresa privada como en la pública.
