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Como
no podía ser de otra forma, no faltan las voces entre nosotros que
aseguran que todo va mejor, que las cosas están cambiando a pasos
agigantados y que pronto muchos de los problemas que nuestra sociedad
padece irán desapareciendo. Y lo vemos bien, porque es una forma
legítima de autoanimarse o simplemente de vender el mensaje que cada
partido político entrega a sus militantes para que éstos los hagan
llegar a la ciudadanía. No obstante, en caso de que así sea, de lo
que nos alegraríamos muchísimo, antes deberíamos de echar una
ojeada a lo que llevamos a la espalda y hacer un balance aproximado
de lo que nos está costando la crisis a los españoles de a pie, no
sea que nos veamos obligarlos a repetirla en poco tiempo. Así, los
que están convencidos de que es mejor olvidarlo todo y hacer borrón
y cuenta nueva, seguro que no están equivocados, pero deberán
aceptar al mismo tiempo que es muy doloroso y nada sencillo. Y es que
en España, desde 2010, se han perdido millones de empleos de los que
nadie quiere asumir responsabilidades y menos aceptar que se haya
sido debido a mala gestión de las políticas que han implantado, a
veces a golpes de martillazos y otras a base de reales decretos. Y
esto, lo queramos o no, no es fácil de olvidar, sobre todo entre
quienes la sufren de forma directa.
España
ha vivido en los últimos años una situación desconocida y no menos
peligrosa, ya que a la calle han salido millones de personas a
quejarse de sus respectivas situaciones, todas ligadas a la
precariedad laboral, los desahucios, el hambre, la sanidad, la
educación… Por supuesto, no han faltado a estas citas callejeras
los que reclaman el dinero de las preferentes, como tampoco los que
exigían sensibilidad a los gobernantes. Entre unos y otros asuntos,
a los que debemos añadir cientos de casos concretos, casi cincuenta
mil manifestaciones se han contabilizado en las calles de nuestras
ciudades a lo largo del año pasado. En Andalucía, en donde se ha
alcanzado el mayor número de ellas, fueron concretamente 7.730, muy
por encima del resto del país. La deducción inmediata a la que se
llega con estos números de por medio no es otra que la del caos, y
no solo por lo que supone por la participación masiva de la
ciudadanía como por el deterioro que ha supuesto el desarrollo de
todas ellas de cara a la imagen de nuestro país fuera y dentro.
Una
de las últimas llamadas a manifestarse en la calle llega procedente
de quienes no están de acuerdo con la ley del aborto que, si nadie
lo remedia, entrará en vigor a finales de este año. Mientras los
del Gobierno aseguran que esta ley la llevaban en su programa
electoral, los otros no solo se quejan de que haya sido lo único que
este partido ha cumplido, sino que la tachan de regresiva para la
mujer. Ésta, por su parte, muestra su contundente rechazo porque a
nadie se le ha ocurrido contar con su opinión. E insiste: nadie
puede decidir por mi futuro. Lógicamente, el enfrentamiento está
servido y durante meses será noticia de portada en los medios de
comunicación y en la calle, en donde parece es el mejor escaparate
para hacer llegar al resto de la ciudadanía su disconformidad con
una ley que no cuenta con los apoyos que convendría para ser
aprobada, ya que hasta en el propio Partido Popular existen
diferencias de gran calado.
Pero
no crean que con la ley del aborto se acabarán las manifestaciones.
Mucho nos tememos que la cosa irá a peor y que seguiremos asistiendo
a más huelgas y manifestaciones. Y es que a las propias que el mal
estado del país exige debemos unir las que nos llegarán procedentes
de Cataluña y el País Vasco, que no serán pocas y ruidosas. Y si
no, al tiempo.
