miércoles, 22 de enero de 2014

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA?

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En realidad, si tenemos en cuenta que la Justicia nos acompaña a todos sitios y que cuelga sobre nuestras cabezas como espada de Damocles su influencia, no acabamos de creernos que en Valencia los familiares de los fallecidos y heridos en el accidente de metro, después de ocho años, aún estén buscando apoyos para lo que ellos creen que debe aclararse, y más después de visionar el programa Salvados de LaSexta, en donde se pudo observar la acumulación de mentiras, engaños y abusos que rodean este asunto. A cualquiera que le preguntemos en Valencia, siempre que no esté intoxicado políticamente, que esa es otra, nos dirá que lo del metro está repleto de anomalías, de presiones políticas flagrantes y de abusos de poder como la copa de un pino. Ahí es nada: el ochenta y cinco por ciento de los valencianos consultados afirman sin rubor ni dudas que el accidente del metro de Valencia, que ocasionó cuarenta y siete fallecidos y otros tantos heridos de gravedad, ha sido una mala chapuza controlada por el poder político valenciano que no debió producirse y que la ciudadanía espera que se haga justicia.

La asociación que gestiona la lucha visible en la capital levantina y fuera de ella gestiona en estos momentos en el Parlamento Europeo los trabajos que del accidente hicieron los técnicos del metro valenciano luego de conocerse las presiones que recibieron por parte de sus superiores para que aportaran datos falsos que influyeran en la decisión del tribunal que juzgó el asunto. Al mismo tiempo que esperan ilusionados a que el Tribunal Superior de Valencia decida por fin la reapertura del caso luego de un sinfín de desencuentros con fiscales, jueces y demás implicados, en el Parlamento Europeo han dejado en manos de los eurodiputados documentación suficiente para convencerles de sus razones y ruegos, que no son otros que los que mantienen en Valencia, es decir, que se inicie un nuevo proceso y que se condene a quien o quienes resultaran culpables del mayor accidente de metro ocurrido en Europa. El incumplimiento de las normativas en vigor, la falta de seguimiento técnico de los elementos que pudieron evitar el accidente y la manipulación evidente que los responsables ejercieron sobre los empleados que debían declarar, que recuerden tuvieron que aprenderse de memoria las respuestas que debían dar a las preguntas del fiscal y del juez del caso, entienden que son determinantes para aclarar definitivamente lo ocurrido y permitirá la depuración de responsabilidades.

Entre las irregularidades detectadas y denunciadas por esta asociación nos encontramos con el maltrato informativo que la televisión valenciana dio del accidente, que prácticamente pasó desapercibido en los informativos y que callaron todo el tiempo que pudieron. Por eso se entiende que los afectados soliciten ahora que se legisle de forma que se permitan establecer las mínimas garantías por parte de los órganos legislativos de los Estados miembros, puesto que entienden que lo ocurrido no ha ido más allá de un burdo espectáculo protagonizado por las personas que formaron en su día la comisión que se creó en las propias cortes valencianas con el objetivo de buscar, decían, toda la verdad sobre el accidente. Los componentes de esta activa asociación están convencidos de que deben implicarse todas las instituciones, incluido el Parlamento Europeo, con el fin de incrementar, mantener y proteger la seguridad en el transporte público, porque una tragedia de tal tamaño no vuelva a producirse.

El gobierno valenciano a todo esto ha querido dejar claro que el proceso de investigación judicial ha generado la emisión de dos autos de archivo en marzo y diciembre de 2007, y que la Audiencia Provincial desestimó en mayo de 2008 los recursos formulados. En septiembre de 2013, el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia rechazó la petición de la fiscalía de reabrir las diligencias por el accidente, al estimar que no se habían aportado nuevos argumentos, tras lo que el ministerio fiscal y la asociación solicitaron al tribunal superior que se pronunciase sobre la reapertura de diligencias. Y justo en este punto nos encontramos, a la espera de su respuesta. ¿Servirán de algo los tribunales de justicia?