Como
seguro ustedes conocen, la misión concreta de UNICEF implica velar
por los derechos de todos los niños, en todo momento y en cualquier
lugar del mundo.
Su actuación directa en programas se concentra en los países más
pobres, pero en España están igualmente comprometidos con la
defensa y promoción de los derechos de los niños. En los
últimos 25 años han conseguido avances increíbles, pero los retos
que les quedan son enormes. Así lo refleja el informe
“La
Infancia en España 2014”,
que recoge datos preocupantes sobre la situación de los niños en
nuestro país. De entre ellos destacar que, en el apartado de pobreza
y desigualdad, nada menos que un veintisiete por ciento vive en
riesgo de pobreza; en el de fracaso y abandono escolar, en ambos
casos, la situación está por encima de un veintitrés por
ciento. Además, en este informe se analiza otro gran problema:
cada vez nacen menos niños, de manera que en
diez años puede haber un millón de niños menores de 10 años menos
que ahora.
La
organización en nuestro país está convencida de que otros
escenarios son posibles y de ahí que quieran llegar mucho más lejos
haciendo un llamamiento
al conjunto de la sociedad para realizar un Pacto de Estado por la
Infancia.
Niños, niñas, familias, empresas, sindicatos, administraciones
públicas y partidos políticos: todos deben implicarse para avanzar
en la aplicación de los derechos del niño. Los niños importan, su
valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; son un
asunto de sus familias, pero también de todos.
Porque sin ellos no hay futuro. Y esta es una máxima que
actualmente comparten gobiernos, organismos internacionales y
organizaciones dedicadas a los menores, pero que aún sigue sin
asumirse sin fisuras. Y no solo por los costes reales que conlleva
invertir en mejorar el mundo de los niños, sino porque se evidencia
un preocupante incapacidad entre la clase política para solventar
este tipo de problemas.
En
el informe, el comité español de UNICEF lanza una primera
propuesta de contenidos que podría contener el Pacto que plantean.
Así, proponen abordar con urgencia dos temas específicos por su
enorme repercusión en el bienestar y el desarrollo de los niños:
la lucha
contra la pobreza infantil y por la inclusión social de
la infancia, incluyendo medidas como establecer una ayuda universal
por hijo a cargo, revisar y mejorar todas las ayudas y apostar por
unos servicios públicos inclusivos y accesibles. La apuesta por
una educación
de calidad que
incluya medidas contra el abandono y el fracaso escolar, se
comprometa con la estabilidad normativa y del modelo educativo,
la protección de los recursos económicos destinados a la educación
y el enfoque inclusivo del sistema.
En
él también se incluyen una serie de elementos generales que
afectarían a cambios legislativos necesarios para mejorar la
situación de la infancia, el impulso a la participación infantil,
visibilizar y proteger a la infancia en los presupuestos o mejorar la
coordinación de las políticas y servicios dirigidos a los niños
entre las distintas administraciones. En definitiva, una serie de
exigencias o peticiones dirigidas a los gobiernos del mundo y por
supuesto al español con el objetivo de llegar cuanto antes a
situaciones controladas por quienes dedican sus esfuerzos a la
consecución de un mejor bienestar de los menores.