Aunque la noticia la hemos ido conociendo con cuentagotas, y que actualmente el asunto judicial del que se trata se encuentra judicializado o “sub judice”, no podemos eludir la responsabilidad informativa que tenemos de compartir con ustedes nuestra preocupación por la imputación de varios funcionarios municipales de nuestro Ayuntamiento y del propio alcalde en un asunto ligado con la ordenación del territorio y que lo demanda la Dirección General del ramo, dependiente de la Junta de Andalucía. Las razones que esgrime ésta las basa en unas construcciones realizadas presuntamente de forma fraudulenta en los primeros kilómetros de la carretera de la Virgen, y que por sí mismas constituirían un delito urbanístico. Si tenemos en cuenta que cuando los permisos fueron concedidos a los solicitantes, algunos partidos de la oposición anunciaron defectos de forma y de fondo, además de soslayar las verdaderas intenciones de los propietarios, como posteriormente se ha visto, en su momento ya nos pronunciamos nosotros diciendo que no nos extrañaría que se vieran envueltos en expedientes sancionadores en cuanto las obras fueran finalizadas o mostraran sus verdaderas intenciones. Y es que, por ejemplo, eso de solicitar la construcción de un alojamiento temporal para los obreros de la recogida de la aceituna y que la obra terminada no tenga nada que ver con la solicitud presentada, o que el permiso se conceda para una nave agrícola y ésta acabe siendo un palacete, no sólo nos parece un abuso, sino un delito, que no otra motivación ha movido a la Junta de Andalucía a conocer la realidad de estas cinco construcciones, porque les recordamos que por el momento nadie ha resultado condenado y que todo este complejo asunto se encuentra en su primera fase.
La presunción de inocencia es un derecho que debemos apoyar y reclamar en instantes tan delicados para las personas que se han visto implicadas en un tema que tendrá las consecuencias que la Justicia estime pertinentes, y en ningún caso, por tanto, debemos caer en la tentación de anunciar lo que aún no se ha producido, y que lo más probable es que ni se produzca. Quizá por eso, el que hayamos detectado movimientos sindicales que se sitúan junto a los funcionarios en general y los imputados en particular nos parece un posicionamiento justo y propio de quienes tienen, entre sus mandatos estatutarios, precisamente el de defender a sus asociados hasta sus últimas consecuencias. No obstante, si el fin fuera el de desestabilizar el sistema para intentar amedrentar a los poderes públicos, nos parecería una soberana y peligrosa idiotez, y más teniendo en cuenta que jueces y fiscales están ahítos de asuntos ligados con abusos de constructores y políticos, y conocen los resortes que los implicados y sus adláteres suelen mover en casos de este calado.
La realidad es que en Andújar, en nuestro Ayuntamiento, se ha detectado un presunto delito urbanístico y que la misión de unos y de otros está perfectamente delimitada. Esto quiere decir que si una de las partes exige datos y señales, la otra está obligada a mostrárselos, de lo que se derivará si finalmente hubo delito o no. Los que estén convencidos de haber realizado su trabajo como exige la ley, ajustándose a lo que sus superiores les hayan pedido, no tienen por qué esperar malas noticias. Los que hayan actuado de mala fe deberán enfrentarse al castigo que devengara de su intervención, a veces necesaria para la constitución del delito. Firmar un informe asegurando que el proyecto resultaría positivo y que ha sido solicitado siguiendo los cauces legales nos parece de lo más lógico, pero eso sí, siempre que el resultado final se ajuste a lo solicitado. De no ser así, evidentemente, se incurre en delito y de él deberán dar cuenta los que de esta forma hayan procedido.
Lo que ustedes y nosotros estamos escuchando estos días son las maledicencias propias de quienes están prestos a la caza y captura de algo que llevarse a la boca para propagarlo como reguero de pólvora. Cuando lo que se dice implica a personas, lo primero que deberíamos de hacer, en beneficio de la duda y más aún de la presunción de inocencia que todos nos merecemos, porque recordemos que la Fiscalía deberá confirmar la posible culpabilidad de los imputados y no éstos demostrar su inocencia, es evitar comentarios que dañen su honor personal y profesional. Pese a quien pese, lo que tenga que ser será, y a nadie, por mucho rango profesional o político que tenga, le será permitido eludir responsabilidades, si las tuviere. Tiempo al tiempo.
La presunción de inocencia es un derecho que debemos apoyar y reclamar en instantes tan delicados para las personas que se han visto implicadas en un tema que tendrá las consecuencias que la Justicia estime pertinentes, y en ningún caso, por tanto, debemos caer en la tentación de anunciar lo que aún no se ha producido, y que lo más probable es que ni se produzca. Quizá por eso, el que hayamos detectado movimientos sindicales que se sitúan junto a los funcionarios en general y los imputados en particular nos parece un posicionamiento justo y propio de quienes tienen, entre sus mandatos estatutarios, precisamente el de defender a sus asociados hasta sus últimas consecuencias. No obstante, si el fin fuera el de desestabilizar el sistema para intentar amedrentar a los poderes públicos, nos parecería una soberana y peligrosa idiotez, y más teniendo en cuenta que jueces y fiscales están ahítos de asuntos ligados con abusos de constructores y políticos, y conocen los resortes que los implicados y sus adláteres suelen mover en casos de este calado.
La realidad es que en Andújar, en nuestro Ayuntamiento, se ha detectado un presunto delito urbanístico y que la misión de unos y de otros está perfectamente delimitada. Esto quiere decir que si una de las partes exige datos y señales, la otra está obligada a mostrárselos, de lo que se derivará si finalmente hubo delito o no. Los que estén convencidos de haber realizado su trabajo como exige la ley, ajustándose a lo que sus superiores les hayan pedido, no tienen por qué esperar malas noticias. Los que hayan actuado de mala fe deberán enfrentarse al castigo que devengara de su intervención, a veces necesaria para la constitución del delito. Firmar un informe asegurando que el proyecto resultaría positivo y que ha sido solicitado siguiendo los cauces legales nos parece de lo más lógico, pero eso sí, siempre que el resultado final se ajuste a lo solicitado. De no ser así, evidentemente, se incurre en delito y de él deberán dar cuenta los que de esta forma hayan procedido.
Lo que ustedes y nosotros estamos escuchando estos días son las maledicencias propias de quienes están prestos a la caza y captura de algo que llevarse a la boca para propagarlo como reguero de pólvora. Cuando lo que se dice implica a personas, lo primero que deberíamos de hacer, en beneficio de la duda y más aún de la presunción de inocencia que todos nos merecemos, porque recordemos que la Fiscalía deberá confirmar la posible culpabilidad de los imputados y no éstos demostrar su inocencia, es evitar comentarios que dañen su honor personal y profesional. Pese a quien pese, lo que tenga que ser será, y a nadie, por mucho rango profesional o político que tenga, le será permitido eludir responsabilidades, si las tuviere. Tiempo al tiempo.
