De acuerdo con los datos que ha proporcionado el Consejo General del Poder Judicial, al final de este año, los juzgados y tribunales españoles habrán resuelto más de nueve millones de asuntos, lo que supone casi un tres por ciento más que el año pasado, y tendrán además en tramitación otros tres millones de asuntos. Por otra parte, los juzgados y tribunales emitirán casi ocho millones de sentencias este año 2011, lo que implicará un incremento del tres por ciento con relación al año anterior. No obstante, este año habrá una reducción del número de asuntos en las jurisdicciones de lo Civil y lo Social, muy vinculadas a la crisis económica, y un incremento no muy significativo en lo Penal y lo Contencioso.
En cuanto a los concursos de acreedores que inician los juzgados tras la quiebra de una empresa y los procesos judiciales por despido volvieron a aumentar en el primer trimestre de 2011, pese a que el impacto de la crisis económica en los tribunales ha ido reduciéndose paulatinamente desde 2008. La cifra de concursos de acreedores, lo que hace unos años conocíamos como suspensiones de pagos, que han llegado a los juzgados se situó en el primer trimestre de 2011 en 2.109, un 10,9 por ciento más que el mismo trimestre del año anterior, alcanzando casi la cifra récord de los tres primeros meses de 2009, que fue de 2.168. Asimismo, en los tres primeros meses de este año, los procedimientos por despidos, que se han ido reduciendo desde que en el primer trimestre de 2009 alcanzaron la cifra de 38.510, han sufrido un ligero repunte, situándose en 30.444, frente a los 25.888 que hubo en el último trimestre del pasado año.
Por los datos aportados por el Consejo del Poder Judicial sabemos que en 2010 los jueces y magistrados han resuelto 9.217.395 asuntos, y quedarán en trámite o pendientes 3.255.000 asuntos, aunque es el menor incremento producido desde el año 2004. En 2010 ha descendido el número de asuntos que han ingresado en los juzgados y tribunales hasta alcanzar la cifra de 9.355.000 asuntos, un 2,2 por ciento menos que en 2009, cuando fueron 9.567.000. Este año se ha alcanzado la cifra de 199 asuntos por cada mil habitantes, lo que ha supuesto una reducción del 2,8 por ciento con respecto al año anterior, cuando fueron 204 asuntos por cada mil habitantes. El mapa de litigiosidad muestra que Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana son las autonomías que registran un mayor número de asuntos por cada mil habitantes, mientras que, por el contrario, el País Vasco y La Rioja son las que tienen una menor tasa. Este organismo asegura que "la justicia está respondiendo a la ciudadanía", a pesar de que en los tres últimos años ha habido un incremento "sin parangón" del número de asuntos que han entrado en los tribunales.
En cuanto a la duración media de un procedimiento oscila entre los cuatro meses en primera instancia y los cinco meses en segunda instancia, mientras que la duración media de un procedimiento en el Tribunal Supremo es de doce meses. No obstante, y como sabemos, las cosas de la Justicia, quizá porque no las entendemos o porque conocemos sentencias que no acaban de gustarnos, parece que en general nos quedan demasiado lejos y no cuenta con muchos apoyos entre la ciudadanía. Es posible que los datos que nos hace llegar el Consejo General del Poder Judicial nos permita sopesar nuestras opiniones a favor del inevitable y merecido respeto que se le debe a un poder que, lo queramos o no, siempre está del lado del inocente, y cuando esto supuestamente no ocurre, siempre de acuerdo con nuestro escaso saber y entender, es posible que se trate de un error que debió evitarse.