Un tema que preocupa y que ha dejado de ser un asunto sobre el que la clase política pasa de puntillas para formar parte, sin embargo, de las decisiones que está a punto de tomar, es el asunto de la dependencia, es decir, el sí o no del Estado a favor de seguir aportando dinero para que las personas que necesiten de ayuda puedan seguir disfrutando de lo que ahora les resultaría difícil prescindir. Incluso aceptando que también en este punto no faltan los desalmados que obtienen dinero fraudulentamente y que usan de las valoraciones oficiales a su favor para conseguir más dinero, mucho antes de plantearse su desaparición se debería encontrar la fórmula idónea desde la que controlar con exhaustividad fiable si las aportaciones económicas de las Administraciones son justas o no. Por el momento, la dependencia está sirviendo como arma electoral entre los habituales, que va y viene entre un mitin y otro, y que todo indica que los que finalmente saldrán perdiendo serán los de siempre.
Por otra parte, como la información está siendo sibilinamente tratada y se guardan las decisiones políticas a tomar para momentos electoralmente más favorables, la ciudadanía no acaba de enterarse de las verdaderas intenciones de los partidos con respecto al futuro de un apartado social y económico nada desdeñable, porque de él dependen miles de personas. Y de ello pueden dar fe, por ejemplo, los ayuntamientos, que reciben la asignación de parte de la Junta de Andalucía, en nuestro caso, con meses de anticipación al pago que deben hacer a las empresas que se encargan de dar ayuda y asistencia a los dependientes, y que, introducido éste en la caja única, acaba convirtiéndose en una deuda más de los ya de por sí asfixiados entes locales. Lo que supondría perder esta ayuda, en otra dimensión, es la destrucción de miles de puestos de trabajo, porque recordar ahora que desarrollando esta tarea nos encontramos una respetable cantidad de profesionales, no parece necesario, pero en todo caso es muy conveniente no caer en el error de eliminar sin más. Con respecto al contratiempo que supondría para los enfermos y sus familias, lo dejamos al análisis de ustedes y a su mejor valoración. Naturalmente, coincidimos en todo con quienes se quejan de que también en este tema encontramos intrusismo profesional y sinvergüenzas dispuestos a llevárselo calentito, pero ya hemos dicho que el Estado tiene o debía tener controles suficientes para que esto no se produzca, evitando así que el peor parado no tenga nada que ver con el fondo de la cuestión.
Circunstancial y políticamente, el necesitado de ayuda para desenvolverse incluso en sus necesidades más íntimas ha pasado a ser usado como un elemento a eliminar porque sencillamente demanda dinero público para desenvolverse con dignidad. Precisamente por esto duele que se estén utilizando por parte de los partidos políticos, aunque en realidad el asunto es sencillo y se resume en que uno de ellos quiere mantener las ayudas y otro todo lo contrario. Consecuentemente, y en tanto se impone el sentido común, todo indica que fácil no será llegar al entendimiento que esperan y merecen los dependientes, con los que, por cierto, la sociedad está endeudada. Sin su entrega, sin su esfuerzo, sin la aportación económica que han hecho a lo largo de su vida laboral al Erario Público, la España que conocemos no sería la misma.
Ojalá los términos de futuros acuerdos o de las decisiones que se tengan que tomar mantengan, aunque sea en mínimos y bajo controles más estrictos, el seguimiento del que hasta ahora disfrutan y que les permite obtener algo de calidad de vida.
