Las diligencias que actualmente se siguen en contra del individuo que ha adulterado o envasaba aceite de girasol y coco como aceite de oliva, para ser más exactos, deberían resolver de un día para otro este turbio asunto. Evitar por todos los medios que el proceso se ralentice para conseguir que la noticia acabe olvidándose por parte de los compradores, nos parece que debía formar parte de la propia acusación, ya que el daño que se ha hecho al mercado del aceite de oliva, aunque es muy difícil cuantificarlo, es evidente que acabará dañando la mayor fuente de ingresos de nuestra provincia. Y debía ser condenado no solo por la adulteración que ha estado haciendo, sino por la mala imagen que se ha producido en todo el territorio nacional o hasta donde haya llegado la noticia y, consecuentemente, la pérdida de clientes. Si tenemos en cuenta el esfuerzo económico que los productores del aceite de oliva como conjunto vienen haciendo desde hace muchos años, invirtiendo en publicidad millones de euros con el único objetivo de introducir nuestro oro verde en los grandes y pequeños mercados, entendemos que la pena que se le debía imponer al susodicho debería tener en cuenta, si es que esto fuera posible valorarlo ajustadamente, precisamente la pérdida de ventas a las que se enfrentan los productores.
Este tipo de acontecimientos delictivos vienen a confirmar la pasividad con la que la Administración controla los mercados en general y el del aceite de oliva en particular, sobre el que, por el inmenso nivel de consumo existente, sería necesario mantener todo el año abierto el seguimiento oficial que entendemos necesita un alimento de primera necesidad que sigue siendo un gran desconocido entre el gran público y que está suponiendo enormes esfuerzos introducirlo. Y no digamos nada sobre la fuente de ingresos que representa para poblaciones como la nuestra, donde mantenemos el liderazgo de la producción y de las ventas de este preciado alimento. De hecho, los ataques son casi diarios. Lo que ocurre es que a veces, por razones de todo tipo, como podían ser, por ejemplo, las que se descubren fuera de nuestras fronteras, o las que se hacen a gran escala o las que acaban siendo un peligro para la salud de los consumidores, llegan hasta nosotros cuando ya han conseguido el efectivo negativo que debió evitarse en beneficio del negocio que representa.
Es del todo complicado que le exijamos al consumidor que se detenga en la lectura de las etiquetas de las botellas que encuentran en el supermercado, y más si éstas también han sido cuidadosamente amañadas y todo lo que se expone en ellas aparenta ser legal. Quizá sea llegado el momento de conseguir una denominación de origen propia que nos permitiera eludir este tipo de abusos en las mezclas que se hacen a diario con los aceites, y un buen ejemplo lo tenemos en las denominaciones de origen de los vinos, que por el momento aguantan los por otra parte intentos de manipulación que padecen los caldos españoles. Entre nosotros, como ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones, porque lo de la marca única es un sueño del que estamos convencidos que obtendríamos buenos resultados, lo de acabar con la dispersión de almazaras, de marcas y de mercados, en donde no siempre ganamos, no parece que esté próximo. Sin embargo, que nadie dude que sería la solución más rentable por la viabilidad que se obtendría en la mejora de las ventas y en el control de un mercado en el que se dan paradojas como el que hasta nosotros lleguen aceites procedentes del mercado italiano que fue adquirido en nuestra almazaras.
Evidentemente, si no todo, mucho sí que queda por hacer en un negocio que representa los mayores ingresos de nuestra provincia, pero que podían ser superiores si los responsables quisieran.
