Si conocen nuestra opinión sobre las sentencias judiciales que se producen después de los enjuiciamientos que tienen su origen en la violencia de género, el artículo de hoy estamos convencidos de que acabará por convencerles a ustedes también, especialmente a los más reacios, que siguen sin admitir que no siempre la justicia es justa en los casos de maltrato sobre la mujer. Y es que un estudio desarrollado por la Universidad de Granada, el Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género y una organización inglesa, que ha contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, han culminado sus trabajos pidiendo a los jueces mayor esfuerzo para que la Ley de Igualdad de Género sea más eficaz, puesto que por el momento se muestra lenta y compleja. El total de sentencias analizadas es de casi quinientas y abarcan ámbitos relativos al acoso, los informes de impacto de género, la igualdad efectiva, la discriminación, la conciliación, la asignatura de educación para la ciudadanía, al acoso y al despido por maternidad, entre otros. Así, con respecto al acoso, el informe indica que, en la jurisdicción social, la prueba principal es el testimonio de las víctimas y, sin embargo, en numerosas resoluciones se duda de la validez del testimonio de las mujeres.
En esta misma línea, uno de los elementos que los analizadores han calificado como de más preocupante y que destacan específicamente en su informe, es la existencia en alguna de la jurisprudencia estudiada de argumentos y apreciaciones claramente sexistas sobre la violencia de género y sus características y consecuencias. De hecho, en diversas resoluciones se han recogidos comentarios que corresponden a algunos mitos sexistas sobre la violencia de género. En cuanto a la distribución de la jornada laboral para favorecer la conciliación, la mayoría de las resoluciones dictadas por los tribunales se hacen en virtud del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y no del 34.8, que fue el que incluyó la ley de igualdad a este mismo texto. El informe subraya, no obstante, la muy favorable respuesta de los jueces a la protección de los derechos de la trabajadora embarazada, que lo hace de forma unánime.
En cuanto al lenguaje usado por los tribunales, los estudiosos citan la terminología sobre igualdad y discriminación de la normativa, pero, sin embargo y en la práctica, es patente que no la desarrollen a la hora de dictaminar sus fallos. Con respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las apreciaciones de los autores del estudio, las sentencias estudiadas evidencian de manera general la lenta y compleja recepción de la ley de Igualdad y de la noción de paridad que ésta desarrolla. Es más, aseguran que sólo un 25 % de las sentencias aluden a la norma. El informe indica, por otra parte, que los manuales y materiales didácticos utilizados en las facultades de Derecho y, en general, la formación de los juristas, evidencian importantes carencias respecto al derecho antidiscriminatorio y a los nuevos instrumentos jurídicos desarrollados por la ley de Igualdad. El informe añade un dato que por sí mismo creemos esclarecedor y punto de referencia para los desencuentros existentes entre los juicios y las sentencias. En éste se asegura que han detectado un importante desconocimiento de los marcos teórico-jurídicos que le aportan valor explicativo, aunque añaden que algunas de las sentencias analizadas destacan por el esfuerzo individual del ponente por actualizar la propia práctica judicial.
Finalmente, y con respecto al capítulo sobre Educación para la Ciudadanía, el estudio indica que en las sentencias en relación con esta materia no hay referencias a la ley de Igualdad. El estudio recoge asimismo datos sobre las sentencias de los tribunales europeos, de los que se extraen que la mayoría de las personas demandantes son mujeres y, sin embargo, los ponentes de las resoluciones judiciales son todos varones. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género señala que todavía es necesario trabajar en el seno de la carrera judicial para concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la formación en género para aplicar de forma correcta toda la legislación en materia de igualdad. Y nosotros estamos por completo de acuerdo, porque acabar con los desajustes judiciales que hemos conocido en los últimos años es una tarea que urge solucionar.
