La inestabilidad económica como origen y la presión social que vemos en la práctica totalidad de los movimientos sociales como consecuencia, es evidente que nos advierten de que los tiempos que corren no son buenos para nadie. Ni siquiera el Gobierno de la nación, que se encuentra enconsertado por las directrices que desde Europa le llegan y que le obligan a tomar decisiones que minan directamente la por otra parte cada vez más escasa dinámica laboral, y las de dentro, que no son pocas y todas firmadas desde las mismas mesas: los colectivos sociales que lo han perdido todo y los que intuyen que lo perderán en poco tiempo. Si acudimos a las opiniones más sensatas de nuestro país, aún queda margen para recuperarnos económicamente y solo es necesario que los dirigentes se empapen de la problemática social en la que la han situado y decidan con más sentido común y con menos miedo o recelo de lo que pueda pensar Europa. Es más, aseguran que mientras no mostremos personalidad en las instituciones de Bruselas, más se abrirá el agujero en el que nos encontramos y más nos dañarán las presiones de los inversores, que no tienen otro fin que el de sacar rendimiento a su dinero y que los demás se las apañen como puedan.
Por otro lado, que es la guinda que faltaba al pastel que entre todos estamos a punto de compartir, está lo de Bankia, que se ha convertido en un objetivo prioritario del Ejecutivo por razones obvias y que, sin embargo, bien porque no se han sabido explicar, o porque no existe transparencia desde la que observar mejor las causas y las razones de las inversiones que está obligado a realizar el Estado para reflotar esta organización de crédito, la verdad es que supone un bofetón en plena cara a quienes se han manifestado en las calles exigiendo más dinero para Educación y Sanidad. Y es que lo que se deduce es que para unos sí hay dinero de sobra y para otros todo lo contrario, representado un agravio comparativo muy difícil de justificar y mucho menos ante quienes han perdido sus trabajos o han visto reducidos sus ingresos de forma drástica.
A todo esto, y lo dijimos la semana pasada, afortunadamente se ha dado un gran paso desde la Fiscalía General del Estado y actualmente se trabaja en la caza y captura de las irregularidades que se puedan detectar en las entidades de crédito que han sido ayudadas con dinero público y de las que han salido sus directivos con dinero suficiente para mantener a dos o tres generaciones. No se entiende, ni dentro ni fuera, que unos señores que han ejecutado tan mal su trabajo, que han arruinado su empresa, que han dado créditos a diestro y siniestro, y especialmente a sus amigos o familiares, que en el momento de salir de sus despachos lo hagan como lo han hecho, con unas indemnizaciones millonarias sin ser acusados. Lo de que el Estado deba hacerse cargo de las pérdidas y que las ganancias las repartan entre ellos, que es lo que ocurre con las entidades bancarias de nuestro país, no solo demuestra una peligrosa incapacidad de los partidos políticos, sino la confirmación de que las crisis las pagamos siempre los mismos y que los de arriba parecen contar con una Justicia muy personalizada, muy a su medida, que los trata de otra forma.
Lo quiera el Gobierno o no, la sociedad entera se haya inmersa en una situación de inestabilidad laboral que, de mantenerse mucho tiempo, no acabará bien. Lo hemos visto en otros países y mucho nos tememos que no pasará mucho tiempo sin que asistamos a espectáculos de este tipo en cualquier población. Y es que cuando falta lo mínimo, cuando adquirir comida se ha convertido en un drama, cuando no son pocos los que mantienen el tipo con las pensiones de sus padres y abuelos, cuando no se atisban ni los brotes verdes de unos ni los rayos de luz de otros, lo lógico es que el camino de en medio sea el más utilizado por las personas que convierten sus obligaciones familiares en un acto de guerra ante los responsables a los que pedir explicaciones, y no solo con la palabra.
