Independientemente de lo que la Justicia acabe dictando
en relación con el caso del Madrid Arena, local en el que como saben han
fallecido cuatro chicas y una se debate entre la vida y la muerte, lo evidente
y preocupante es que en nuestro país cualquiera, incluso un individuo
denunciado al menos en cincuenta ocasiones por diferentes organismos públicos y
en todas las ocasiones como organizador de eventos de esta clase, pueda
convocar este tipo de macrofiestas casi sin tener que dar explicaciones a nadie, y cuando las ha dado porque se las
han pedido, como es el caso del aforo del local, reconoce que vendió dos mil
entradas más de las que declaró en la documentación que hizo llegar a la
delegación correspondiente del Ayuntamiento de Madrid. Luego, la realidad
parece bien diferente, ya que se asegura que en esta sala se hallaban más de
quince mil chicos y chicas. A partir de aquí, todo han sido mentiras,
declaraciones acusatorias desde todos los frentes, negaciones a la evidencia e
inhibición de obligaciones por parte de la autoridad competente, que parece que
nada tiene que ver con ella y sus obligaciones, y que todo lo ocurrido se debió
a que esa fatídica noche se divertían unos cuantos miles de jóvenes entre
ruido, alcohol y otras drogas.
Entre nosotros, en este país de
chichinabo en el que todo es posible, en el que cabe todo y en el que todo se
asume sin rechistar, lo de la macrofiesta del Madrid Arena es solo un ejemplo
de cómo hacemos las cosas, de nuestra capacidad para saltarnos a la torera las
exigencias legales en vigor para estos encuentros juveniles y de la facilidad
con la que la autoridad asume que son cosas de la mala suerte y punto. De
hecho, si no hubieran ocurrido las muertes de las chicas, si no hubiera sido
noticia esta gran fiesta, ¿ustedes creen que habría conseguido destacar
informativamente? Desde luego que no; desde luego que le hubiera servido al
organizador como aliciente para convocar la fiesta de fin de año que tenía
prevista en el mismo local y con nada menos que treinta mil personas de aforo,
o sea, veintitrés mil más de las permitidas legalmente.
Ahora vienen las lamentaciones y las
excusas propias de quienes eluden su responsabilidad utilizando todo tipo de
artimañas para conseguirlo. Las chicas han muerto, las familias andan hundidas
por tan funesto acontecimiento y el responsable máximo, después de haber
declarado ante el juez, está en la calle y sin cargos. Entre nosotros, en
nuestra ciudad, no hace tanto que se convocaban grandes fiestas para gente
joven especialmente coincidiendo con romerías o fiestas navideñas, y se hacían
en locales incontrolados, cobrando entradas y sin ningún tipo de
responsabilidad para el organizador. Solo era necesario un local y cuanto más
grande mejor, porque de permisos oficiales, salidas de emergencia, servicios,
luces y demás elementos de seguridad, nada de nada. Afortunadamente acabó
imponiéndose el sentido común y la implantación de las normas ligadas a este
tipo de celebraciones, por su rigor y exigencias, no permite encuentros masivos
sin cumplirlas.
Con todo, si tenemos en cuenta la
penuria económica en la que se desenvuelven los más jóvenes y que no quieren
dejar de lado la diversión por nada del mundo, atención porque sabemos que
fines de semana, puentes y festivos son compartidos por cientos de ellos en
lugares ilegales, inadecuados para soportar a tanta gente y peligrosos en
cuanto se den las circunstancias precisas y demanden salir con urgencia de
ellos. Los podemos ver en viñas, locales cerrados, cocheras y pisos
desocupados, y en todos comprobamos que lo que menos les preocupa a los convocantes
y participantes son las medidas de seguridad. Es decir, precisamente lo más
trascendente en caso de que ocurra cualquier contratiempo, y, lo queramos o no,
cuando el alcohol corre sin control, lo más probable es que éste aparezca.
