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Hoy, el país ligado a la educación se
ha detenido. Educadores de todos los niveles y padres y madres de los
afectados, aunque aquí no existe unanimidad, han decidido mostrar su
descontento y rechazo a la ley que el ministro del ramo ha ido hilvanando para
su implantación legal a lo largo de los últimos meses y que presentará en el
consejo de ministros de mañana, viernes. Así, padres, alumnos y sindicatos de
profesores que forman la Plataforma por la Escuela Pública se han puesto de
acuerdo no solo exigiendo la retirada del
recorte de los presupuestos escolares, sino la reforma que impulsa el
ministro Wert. Ésta exige la retirada del proyecto y la búsqueda de un consenso
de las partes afectadas, como de hecho sugiere
el mismísimo Consejo de Estado. Y no está sola la plataforma, porque el
resto de organizaciones ligadas a la educación también impulsan la huelga de
hoy y proponen nuevas formas de entendimiento si de verdad lo que quiere el
Gobierno es que la ciudadanía se sienta respaldada y atendida en asuntos de la
importancia y trascendencia de una nueva ley de educación que no ha sido
compartida con nadie y que aseguran que supondrá un grave retroceso de todos
los sistemas que están vigentes y que hasta ahora han servido para que la
comunidad educativa se haya sentido mayoritariamente identificada.
En nuestra comunidad, de acuerdo con
los datos que recibimos continuamente de las diferentes fuentes autorizadas
para informar a los medios de comunicación sobre la marcha de la huelga, se
asegura que casi doscientos mil educadores han decidido participar activamente
en este paro de la educación. Como saben, esta huelga cubre todos los sectores
de la educación, es decir, desde la primaria hasta la universitaria, y resulta
ser la primera que se hace completa, aunque, si tenemos en cuenta que se
implantaron los servicios mínimos y que
las cifras de participación dependerá de las fuentes que nos las envíen,
no crean que los medios coincidiremos en el número total de profesores y alumnos
que han decidido secundarla. Pero no están solos, porque también se han unido a
sus demandas asociaciones de alumnos, profesores y familiares, que coinciden en
ver esta nueva ley como un serio peligro para la educación en general. Y van
más lejos asegurando que no mejora en nada la calidad de la enseñanza; como
mucho, ésta pasa a ser más de los que disfrutan de poder adquisitivo superior
en contra de los menos pudientes, que dejarán de tener acceso a la práctica
totalidad de los estudios superiores. Mientras, desde el ministerio se insiste
en que se busca un estudiante más relacionado con la realidad del país,
formados en las necesidades laborales que actualmente escasean y que permitirá
a la población mejorar sus niveles de acceso al trabajo.
Se decida lo que se decida, se
planteen los plazos que se entiendan necesarios y que se consiga lo que cada
parte entienda como irrenunciable, quien de verdad lo tiene cada día más
complicado es el estudiante, sea de la asignatura que sea y el curso en el que
se encuentre. Y todo porque se sienten manipulados, sin voz ni voto en una
historia que finalmente acabará, o todo lo contrario, con sus sueños de auparse
a niveles educativos que, si se aprueba la nueva ley, les serán muy difíciles.
Destacar, sin embargo, que el hecho de que exista una total unanimidad en las
reclamaciones por parte de los sindicatos y las organizaciones con
responsabilidad en la educación, y que se desarrolla en estos momentos con relativa seguridad y
total asistencia, aunque, volvemos a repetir que ésta dependerá de quien
finalmente nos informe, supone un serio y respetable espaldarazo a los
convocantes. Repetimos que las diferencias que encontraremos con respecto a los
resultados de apoyo a la huelga en las que nos envíen desde el Gobierno no se
parecerán prácticamente en nada a las que nos remitan los organizadores. Y si
no, estén atentos porque esta situación o fenómeno informativo se repite
constantemente y estamos convencidos de que tampoco en esta huelga de la
educación se diferenciará en mucho.