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Como era previsible, debido
al fuerte impacto que está provocando en los niños de todo el mundo tanto la
crisis económica como las medidas de ajuste impulsadas por decenas de países, la
organización UNICEF insta a poner en marcha una recuperación con rostro humano. Su experiencia le permite aportar un
sólido conjunto de lecciones basadas en evidencias contrastadas y en
recomendaciones políticas viables. El informe “Por una recuperación con rostro humano” recomienda
garantizar que las necesidades de los niños ocupen el primer lugar a la hora de
decidir la asignación de los recursos disponibles; dar prioridad a los
indicadores sociales que evalúan el impacto de la crisis en las personas y
familias, y promover un amplio diálogo social y político a nivel nacional para
encontrar la fórmula adecuada para salir de la crisis de una forma equitativa y
sostenible.
El documento
destaca que las políticas de control presupuestario que tienen en cuenta de
forma explícita las necesidades en materia de salud, nutrición, educación,
empleo y vivienda dignos para los grupos de población más vulnerables, serán
más adecuadas para proteger y promover el bienestar humano que aquellos otros planes
que ignoran o consideran de forma secundaria o residual estas necesidades
básicas. Esto significa que las políticas de ajuste y austeridad no sólo tienen
que considerar si consiguen sus objetivos económicos, sino también cómo los
consiguen. Tras
analizar las tendencias de empleo y salarios, el precio de los alimentos y las
medidas puestas en marcha contra la crisis en países de todo el mundo, esta
organización denuncia que, una vez más, los niños y las familias más
vulnerables son los más afectados por la crisis económica global.
Y es que son
millones de niños y familias en todo el mundo los que cada vez comen menos y
peor. A principios de 2012, las familias de 55 países analizados en el informe que
les comentamos estaban pagando un 80 % más por los alimentos básicos en
comparación con la situación anterior a la crisis de 2007-2008. El desempleo y
subempleo masivos también están haciendo estragos y constituyen el rasgo común
más significativo de la crisis global, que afecta tanto a los países
desarrollados como en desarrollo. En 2012, 197 millones de personas en todo el
mundo, en una gran proporción jóvenes, no tenían trabajo. Consecuentemente,
muchas familias gastan cada vez
menos en salud y se ven obligadas a aumentar las jornadas de trabajo, a abandonar
o dejar solos a los niños, e incluso a involucrarles en trabajos domésticos o
fuera del hogar, lo que disminuye la asistencia de los niños a las escuelas.
También
está creciendo el endeudamiento y esto obliga a familias que han llegado a
pedir préstamos para poder comer o pagar la electricidad, y que han llegado a
vender hasta los utensilios de cocina. Estas tendencias se están observando
sobre todo en las zonas más desfavorecidas del planeta, aunque comienzan cada
vez más a darse también en las familias de las economías más ricas del mundo,
con distintos niveles de intensidad. En algunos hogares europeos, el desayuno y
la merienda ya han empezado a desaparecer. Todas estas señales evidencian que
la capacidad de resistencia de las familias frente a la crisis cada vez es
menor, lo cual hace que la inversión pública sea más necesaria que nunca.
La protección de los niños y de sus
familias es una cuestión de principios, porque la inversión en la infancia más
vulnerable es un imperativo moral y un medio esencial para lograr los objetivos
de desarrollo acordados internacionalmente. Pero es también, y no menos
importante, una buena política económica, porque la inversión en la infancia y
los grupos de población más desfavorecidos es necesaria para mejorar el capital
humano e incrementar la productividad, así como para ampliar los mercados
internos y generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La crisis
económica actual y sus consecuencias sociales hacen necesario repensar las
políticas y el actual modelo socio-económico a escala global. Hay alternativas
para promover una recuperación económica socialmente responsable que no genere
más desigualdad, que dé respuesta a las amenazas más inmediatas, como la
inseguridad alimentaria y el desempleo juvenil, y que garantice una protección
adecuada de la infancia y sus familias, verdadero epicentro de los
impactos de esta crisis global.
