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Que
España es un país cuando menos raro; que en entre nosotros lo de
hacerse rico o riquísimo de la noche a la mañana es lo más
sencillo del mundo; que cualquiera que tenga acceso al dinero público
puede atiborrarse de él y, con un poco de suerte, irse de rositas a
su casa convencido de que en unos años su delito habrá prescrito;
que dará igual la escala social en la que nos encontremos con estos
desalmados, porque contamos con conductores, políticos de alto y
bajo nivel, sindicalistas, alcaldes, concejales, presidentes de
comunidades autonómicas y de diputaciones, y otros especímenes, no
creemos que encontremos entre la ciudadanía oposición a la que no
impresionar con los datos que vamos a compartir. Sepan, por ejemplo,
que en menos de diez años hemos asistido a un goteo casi diario de
casos de corrupción en los que nos hemos encontrado de todo,
incluido el caso Urdangarín que, como saben, ha hecho tambalearse
hasta la mismísima Casa Real, que era lo último que nos
esperábamos.
Los
datos que avalan la corrupción en España, leídos en el informe que
ha dado a conocer el Consejo General del Poder Judicial, que están
para conocerlos, aseguran que, hasta el mes de abril de este año,
los Tribunales de Justicia españoles han investigado, juzgan y
sentencian actualmente nada menos que mil seiscientos sesenta y un
casos de corrupción política y financiera. De éstos, mil cien
millones de euros es la cantidad que se investiga e intenta sea
devuelta a sus legítimos dueños, que no son otros que los
ciudadanos. Por otro lado y como añadido esclarecedor, existen otros
controles que nos sitúan en nuestra propia realidad como Estado y
que afirman con contundencia, concretamente leído en el Índice de
Percepción de la Corrupción 2012 que confecciona anualmente la
organización sin ánimo de lucro Transparencia Internacional, en el
puesto número treinta de un total de ciento setenta y seis países,
es decir, entre los más transparentes y los más corruptos. A todo
esto, España, en el conjunto europeo, es donde más dinero se
blanquea procedente del narcotráfico y el crimen organizado. El
estudio que así lo confirma viene avalado por la Secretaría de
Estado de Estados Unidos.
Así
están las cosas del dinero público entre nosotros: fácil de
acceder a él, sencillísimo de quitarlo de la circulación
colocándolo en paraísos fiscales en donde es muy complicado de
detectar y que permite a miles de personas aparentemente decentes
disfrutar de él cuando les viene en gana. Más de mil seiscientos
millones de euros perdidos en manos de tan mala gente permitirían,
por ejemplo, la construcción de cientos de viviendas sociales, o
ayudar las miles de personas que no disponen de dinero ni para lo más
elemental, o para la creación de puestos de trabajo… Es decir, que
en las manos adecuadas y el control debido, aliviarían enormemente
la escasez de dinero que tiene el país y que tanto daño hace en
estos momentos a millones de ciudadanos.
Evidentemente,
estar situados en el puesto número treinta de los países en los que
se controla la corrupción política y financiera, no es desde luego
para presumir. Por ende, ser el país en el que lo de blanquear
dinero negro se anuncia como elemental tampoco ayuda a generar
confianza. Y llegados a este punto nos surge una pregunta que creemos
obligatoria: ¿por qué en vez de observar con lupa los movimientos
de los pocos trabajadores que están en activo no hacen lo propio con
quienes su dedicación diaria consiste en robar, robar y robar? Por
el momento, nos tranquiliza que se estén juzgando casos de
corrupción, aunque la verdad es que dudamos de que finalmente estos
elementos, los ladrones y sus amiguetes, entren en prisión. Y si
casualmente dan con sus huesos en una celda, será por poco tiempo,
que para eso cuentan con la ayuda inconmensurable de los que,
ladrones como ellos y bien colocados en la política y las finanzas,
se encargan de sacarlos a la calle a que disfruten del dinero
conseguido ilícitamente. Consecuentemente, ¿es España un país
cuando menos raro? Ustedes mismos.