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De
puntillas, pero con fuerza, los movimientos sísmicos se han
incorporado a nuestras vidas y hoy forma parte de una preocupación
muy compartida entre los ciudadanos. En nuestra provincia, si hacen
ustedes memoria, recordarán que hasta hace muy poco ciudades como
Torreperogil y Sabiote fueron noticia nacional por la cantidad de
terremotos que se controlaron a lo largo de unos meses, lo que supuso
la realización de estudios avalados por técnicos oficiales en los
que pudimos leer todo tipo de hipótesis, pero en todos también se
menospreciaba lo que hoy, en la zona de Tarragona y Castellón, se ha
convertido en protagonista. Es decir, que cuando los movimientos
sísmicos detectados en algunas ciudades provinciales eran un
problema y no menos una situación de peligro real que mantenía a
los ciudadanos de las poblaciones mencionadas sin sueño, la realidad
era que en los alrededores se estaban desarrollando pruebas
subterráneas en busca de gas o petróleo. No obstante, el mundo
técnico que firmó los diferentes estudios desechó inmediatamente
la idea de causa-efecto. Hoy, con la situación que vive el litoral
mediterráneo en la zona de Levante, seguro que su opinión sería
diferente, y, si me apuran, hasta asociarían sin miedo a equivocarse
que están totalmente relacionados.
Pues
bien. Mirar este asunto sin interés puede resultar un problema, ya
que las empresas que se dedican a este tipo de búsquedas
subterráneas hace tiempo que andan por esos mundos a la caza y
captura de lugares en los que se tengan indicios de que pueda existir
un filón de este tipo, y nuestra provincia es un objetivo
prioritario. De hecho, lo de Sabiote y Torreperogil es un buen
ejemplo, como lo es también el hecho de que la empresa que hacía
esas prospecciones decidiera dejarlo para otra ocasión más
propicia, quizás porque nadie mejor que sus técnicos dedujeron
inmediatamente la relación que existía entre sus trabajos y los
terremotos. Por lo tanto, atención a las decisiones que tengan
previsto tomar las corporaciones locales que hayan sido tentadas por
el dinero con el que acuden estas empresas en busca de apoyo para sus
planes, que les podemos adelantar se trata de cifras sustanciosas.
Es
destacable, por otra parte, el movimiento ciudadano que se ha
generado en las zonas levantinas, al que vemos perfectamente
informado y con una gran capacidad de convocatoria, todo lo contrario
que ocurrió entre nosotros cuando comenzó a temblar el subsuelo en
parte de nuestra provincia, aunque a nuestro favor está el hecho de
que todas las informaciones que se compartieron entre ciudadanía y
técnicos negaban la mayor, o sea, que la información que nos llegó
estaba controlada por estas empresas y que el problema, en contra
de sus opiniones y como el tiempo ha demostrado, sí tenía relación
directa con las prospecciones. Pero, claro, cuando desde todos los
escalafones políticos, oficiales y técnicos se aseguraba con
contundencia que una cosa es el trabajo que desarrollaba la empresa
que bombardeaba nuestro subsuelo y otra claramente diferenciada los
movimientos sísmicos detectados en las zonas próximas, se entiende
que la noticia se compartiera con cierta tranquilidad.
A
partir de ahora la actitud ciudadana debe ser otra y cualquier paso
que se dé por parte de algún ayuntamiento a favor de este tipo de
trabajos, debe ser consultado con quienes finalmente acabarán siendo
protagonistas. En casos como el que tratamos la información no puede
escatimarse y desde luego que debe ser consensuada entre empresa,
políticos y ciudadanos. Por el momento, el Gobierno no dice ni sí
ni no y se escuda en que se están llevando a cabo estudios que
confirmen si los terremotos detectados en esta región española
responden directamente al desarrollo de las tareas emprendidas por la
empresa concesionaria, aunque con un matiz que por sí mismo nos hace
dudar de la voluntad del Ejecutivo, ya que si decide la eliminación
de la estación situada en el mar, el dinero que el Estado deberá
abonar a la empresa supera los mil quinientos millones de euros.
Ustedes dirán.
