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La
relación que tenemos los ciudadanos con respecto a la economía casi
siempre es de despego absoluto, de verla de lejos y convencidos de
que sólo tendrá consecuencias negativas para nosotros, que no
tenemos acceso a ella desde ningún cauce legal y que es manejada
por las grandes corporaciones y la clase política. Por lo tanto, el
hecho de que desde hace unos meses y desde el Gobierno nos lleguen
mensajes de bonanza, de que pronto se acabará la crisis y de que nos
recuperaremos a mediados del año que viene para comenzar a crear
empleo, comprenderán que las observemos no sin cierta incredulidad y
convencidos de que se trata de interesadas declaraciones de parte de
quienes nos gobiernan y que quieren seguir haciéndolo en 2015.
Por
ejemplo, sabemos que las principales entidades bancarias no van a
tardar en anunciar sin ruborizarse que sus ganancias superan ya,
antes de que termine el año, más de siete mil millones de euros. El
año pasado los números fueron todo lo contrario y las cifras
resultaron negativas en tres mil millones. Por lo tanto, al menos los
bancos y sus consejos de administración sí que comienzan a ver la
luz al final del túnel negro en el que todos estamos metidos y que
sólo unos cuantos salen de él con beneficios, porque los que
conformamos el pelotón de cola, o sea, nosotros, no tenemos claro,
primero, si saldremos finalmente, y, segundo, en qué condiciones,
porque lo evidente es que tardaremos aún mucho tiempo en ver la luz
y seguro de que lo haremos en condiciones precarias. Y es que, lo
queramos o no, salir saldremos, pero nos tememos lo peor: drástica
bajada de sueldos, despido libre, sanidad, educación y dependencia
abandonadas, miles y miles de funcionarios y empleados de la
industria y los servicios en la calle… Si esto es una forma de
salir, de acuerdo, pero no la aceptamos.
Que
la banca, parte de la cual es la auténtica responsable del caos
económico que padecemos y sobre la que no ha caído ni con fuerza ni
sin ella la ley, esté ganando dinero procedente de sus beneficios
nos parece bien, pero nos lo parecería aún más que Bankia, que es
el ejemplo por antonomasia del desastre económico, devolviera en su
totalidad los miles de millones de euros que ha necesitado para ser
rescatada del profundo pozo en el que el anterior consejo de
administración la había colocado. Y lo mismo debía ocurrir con el
resto, es decir, que los consejeros al completo de las entidades de
crédito a las que se les ha ayudado desde el Tesoro Público fueran
embargados y obligados a devolver el dinero que se han llevado a lo
largo de los años. Sin embargo, y muy al contrario, muchos de ellos
no sólo se enriquecieron ilícitamente durante su etapa al frente de
la entidad crediticia, sino que a la hora del despido han cobrado
cantidades millonarias sin posibilidad de que las puedan justificar,
ya que, entre otras exigencias, está claro que es imposible que
consigas una liquidación de este tipo si lo que en realidad has
hecho ha sido arruinar tu empresa.
De
hecho, lo que les contamos es lo que más duele a la ciudadanía:
comprobar cómo algunos sinvergüenzas se han llevado millones de
euros luego de poner en bancarrota la empresa que regentaban y la
Justicia siga mirando para otro lado. No sabemos si es cosa de la
Fiscalía General, de los Tribunales de la ciudad más próxima o de
algún sindicato; lo que sí vemos es que a estas alturas el dinero
ilegalmente cobrado debe estar en algún paraíso fiscal del que será
imposible recuperar. Mientras, como la única fórmula que el
empresariado conoce para obtener beneficios de este tipo de negocios
es echando gente a la calle, miles son los profesionales que hoy se
encuentran a disposición de un mercado de trabajo en el que no se
demandan precisamente bancarios. Y si todo esto, que son unos
ejemplos de nada, supone o representa la salida del túnel para el
Gobierno, como ya hemos dicho: nosotros no estamos de acuerdo. ¡Qué
le vamos a hacer!
