Soledad
Becerril, que es la actual defensora del pueblo, asegura que a lo
largo de los últimos nueve meses han llegado a su poder 1.677 quejas
de los ciudadanos ligadas todas ellas a la sanidad. Es evidente por
tanto que este tipo reclamaciones, es decir, las referentes a la
salud, son las que más aumento han presentado, ya que suponen casi
un sesenta por ciento más que lo que se contabilizó el año pasado
en este mismo período, en donde se controlaron 1.151. La defensora
compareció el martes pasado en el Congreso de los Diputados y tuvo
la oportunidad de detallar su gestión, avanzando que las quejas
sanitarias representan casi el ocho por ciento de las denuncias y
abarcan temas como la demora para entrar en el quirófano o el acceso
a prestaciones y medicamentos. Según se desprende de su informe, se
han recibido casi veintidós mil reclamaciones sobre todo tipo de
asuntos y que suponen un diez por ciento más que el año pasado.
La
defensora del pueblo no se ha detenido en detalles sobre las razones
de las reclamaciones que los ciudadanos les han hecho llegar en el
apartado de la sanidad, aunque sí ha asegurado que las quejas de
éstos la han obligado a recomendar a varias autonomías, como es el
caso de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Cataluña, Baleares
y Castilla y León, a que implanten medidas que alivien las listas de
espera, que entiende exageradamente altas y que en algunos centros
destacan en el apartado de las intervenciones quirúrgicas y las
pruebas diagnósticas. Este tipo de quejas por las listas de espera
para entrar en quirófano o someterse a algún tipo de control
analítico, siempre tienen un peso importante en la totalidad de las
quejas que anualmente recibe la institución que ella gestiona. De
hecho, las reclamaciones de los ciudadanos reflejan una situación
real, ya que el año pasado los días que los pacientes esperaban de
media para someterse a una intervención pasaron de setenta y seis a
cien sólo entre los meses de junio y diciembre, que son los datos
que se desprenden de diferentes informes del mismo Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Siguiendo
con los datos del año pasado, fue precisamente ese año en el que se
controlaron un total de 1.759 quejas por asuntos sanitarios. El
motivo central de todas ellas fueron los recortes efectuados en la
sanidad. Además, también recopiló un gran número de reclamaciones
sobre la reforma sanitaria del Gobierno, que en septiembre del 2012,
recuerden, restringió el acceso de los inmigrantes sin papeles a los
servicios sanitarios en las mismas condiciones que el resto de
residentes. El hecho de que la mayoría de las quejas ciudadanas
estén ligadas a la sanidad debía hacer recapacitar a los ejecutores
sobre tan impopulares medidas en beneficio de una sociedad que sangra
por todas partes y que de ninguna de las maneras es merecedora de
ellas. Incluso aceptando que todos estos años se hayan estado
pegando tiros con pólvora ajena, no es posible someter a tanto
enfermo a las medidas restrictivas que se están implantando, porque
debemos interpretar la realidad como que aún quedan muchas más por
llegar.
Por
el momento, las más destacables son el copago farmacéutico en
farmacias y en los hospitales, la privatización de hospitales
públicos, el desvío de enfermos a hospitales privados, la
desasistencia económica a las personas que atienden a los
dependientes, el despido de cientos de sanitarios de todo el
escalafón, los desplazamientos de los enfermos en ambulancias, sobre
todo los que están obligados, cada dos días, a hemodializarse, etc.
De lo que esté por llegar por el momento no sabemos nada, pero nos
tememos que no serán precisamente diferentes a las conocidas. Lo que
sí sabemos es que la suerte está echada.
