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El
río Guadalquivir vuelve a estar de actualidad y de ahí que haya
vuelto a tomar la categoría de recurrente entre quienes nos
dedicamos diariamente a relatarles lo que en nuestro derredor ocurre.
Si la semana pasada nos referíamos al cariz que está tomando el
nivel de las aguas, sobre todo sabiendo que los pantanos de cabecera
siguen desembalsando, esta semana nos adentramos en la resolución
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha
tenido a bien dictar sentencia a favor de los afectados por las
inundaciones de 1996, 1997 y 1998, a los que no se les abonó la
cantidad que reclamaban de Sevillana-Endesa por la inundación de sus
tierras. En total, 480.000 euros, suma importante que viene a paliar
la precariedad económica en la que se desenvuelven estos
agricultores, y que han conseguido gracias a la insistencia y
convencimiento de los integrantes de la plataforma del río
Guadalquivir, especialmente desde que tuvieron que hacerse cargo, sin
ayuda de nadie, de la recuperación de sus tierras de labor luego
que las aguas volvieran a su cauce. Dicho así, sin ningún tipo de
relación con el propio asunto del río y sus consecuencias, no
parece otra cosa que el reconocimiento del alto tribunal a la demanda
colectiva de unos afectados. Sin embargo, el trasfondo de esta
decisión judicial nos lleva más lejos y nos sitúa ante el
verdadero problema del Guadalquivir a su paso por nuestro término
municipal.
Como
conocen, la dichosa presa de Marmolejo viene siendo el referente
obligado entre las partes enfrentadas, es decir, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía (en el tiempo
que le ha correspondido su vigilancia) y el Gobierno de la nación
que le toque. Así la cosas, es evidente que el Tribunal ha sabido
discernir de entre tantas responsabilidades oficiales y se ha ido
derecho al que entiende como responsable directo desde el mismo día
que se firmó el acuerdo de cesión de esta presa para su
explotación: la Confederación. Y no tanto porque le tenga ojeriza o
la haya visto la más débil entre las implicadas, sino porque
entiende, y nosotros también, que es ella y sola ella quien debe
vigilar, controlar, disponer y autorizar las decisiones de la empresa
concesionaria. Consecuentemente, cuando alguien, organismo o persona,
acepta las cláusulas de un contrato en el que consta sin error
alguno que es de su incumbencia hacer cumplir el contrato firmado,
¿cómo es posible que no se haya preocupado a lo largo de estos
años, y les recordamos que el compromiso oficial con
Sevillana-Endesa tiene fecha de los años cincuenta, ni una sola vez
de que se limpie de lodos anualmente la totalidad de la presa? Por
tanto, lo que se desprende de actuaciones sencillamente inexistentes
bien merecen sentencias del corte y contenido del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
De
hecho, los jueces que firman la sentencia dejan claro de quién es la
responsabilidad del desastre que casi anualmente se produce en
Andújar. Con esto queremos decir que la Confederación ha recibido
un correctivo judicial que estamos convencidos constará como
histórico en nuestra particular historia, puesto que, además de
obligar al pago de las sumas solicitadas, exige a este organismo
solventar el problema, lo que supondrá sin duda un antes y un
después en las relaciones que estamos obligados a mantener con el
Guadalquivir. Es más, si se hubiera actuado en tiempo y forma, las
diferentes inversiones que se han ejecutado hasta ahora, algunas que
calificamos de simples parches para salir del paso, no hubieran sido
necesarias, puesto que en cuanto se consiga el paso del agua sin
ningún parapeto o presa que las frene, la mota, que ha sido la que
más inversión ha necesitado y parece que la más rentable, no
tendría sentido. Ahora sólo necesitamos que la Confederación deje
varada en el embarcadero la famosa maqueta que supuestamente nos
abriría los ojos en la búsqueda del responsable de las
inundaciones, y que ponga manos a la obra para acabar con esta
pesadilla.
