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No
es que esté mal la vida, es que no puede estar peor, que es lo oímos
repetidamente a quienes padecen los malos momentos de manera directa
y brutal. Los datos, que corroboran las opiniones de quienes se mojan
y exponen sus argumentos, avalan actualmente cualquier despropósito
que nos pudiera parecer a primera vista. Si hace unas semanas
estábamos muy mal, según la Encuesta de Población Activa existente
en nuestro país, que son los datos oficiales que se remiten a
Bruselas para que allí los valoren, ayer nos enterábamos de que los
que a este informe ha incorporado el Ministerio de Trabajo, o sea, el
Gobierno, no se corresponden para nada con la realidad. Así, todo
indica que se han entretenido en incorporar o borrar de sus archivos
todo tipo de trabajadores que perciben o no algún tipo de prestación
para incorporarlos a los datos oficiales que se nos han entregado y
que nos permiten deducir que el Ejecutivo está haciendo un gran
esfuerzo económico para evitar lo que de hecho ocurre, que no es
otra cosa que el descalabro de miles y miles de personas que no
perciben ninguna prestación o subvención.
De
hecho, la Fundación 1.º de Mayo ha elaborado un estudio con el
objetivo de comprobar estas diferencias existentes entre los datos
que el Gobierno ha dado a conocer con los que en realidad existen, y
desde el principio aseguran que se han encontrado con importantes
diferencias. En el estudio que les comentamos, los datos provienen
también de la EPA, que repetimos es el mejor termómetro para
conocer la realidad del mercado de trabajo en nuestro país, y que
cifraba el número de parados hace unas semanas en casi seis
millones. Por lo tanto, en este momento existen casi dos millones de
parados cobrando. Por el contrario, los datos que aporta el
Ministerio provienen de las oficinas del antiguo INEM y, según
éstas, los trabajadores en paro que reciben subvenciones es de casi
dos millones setecientas mil. Según los elaboradores de este
estudio, todo se debe a que interesadamente en estos datos se han
introducido cobros que precisamente nos los reciben los desempleados,
ya que entre los beneficiarios vemos a prejubilados, entre otras
muchas irregularidades, que para nada se pueden considerar
desempleados.
La
tasa oficial de ayudas al parado la encontramos en 2010 en el ochenta
por ciento; hoy, en un sesenta por ciento. Como era de esperar, la
duración de la crisis y las consecuencias derivadas de la escasez de
trabajo ha acabado con las prestaciones y los subsidios que recibían
estas personas sin que les haya dado tiempo a encontrar empleo. Estos
gastos son unos de los más importantes de la Administración central
desde que comenzó a crecer, concretamente en 2007, hasta llegar a
los treinta mil millones de euros. En el primer trimestre de este año
el descenso en prestaciones ha sido de nada menos que un poco más
del quince por ciento. En este mismo período, el número de hogares
en el que ninguno de sus miembros tenía ingreso alguno era de
736.900.
No
obstante y afortunadamente, que cuatro millones de personas estén
sin protección por desempleo, no quiere decir que la totalidad
carezca de algún tipo de ayuda. Además del seguro de desempleo
existen otras fórmulas de protección social para las personas que
no tienen ingresos o rentas suficientes, como es el caso de los
salarios sociales de las comunidades autónomas o algunos
ayuntamientos. Con todo, las necesidades reales de quienes se
encuentran entre los que aquí hemos reflejado los mantienen
malviviendo en pésimas condiciones. Así, la economía sumergida y
no menos el apoyo de los padres y abuelos, son por el momento su
única fuente de ingresos atípicos, si es que los tienen. Mientras
tanto, ya saben: España va bien y estamos saliendo de la crisis.
