El asunto es que, dicen los entendidos en las cosas de la macroeconomía, que España mantiene un futuro económico muy crítico. Por un lado, más de trece millones de españoles andan demasiado próximos a la pobreza; por otro, dos millones ochocientos mil niños no disfrutan de alimentos convenientes para su crecimiento, y ahora el Gobierno anuncia una bajada de impuestos que insisten beneficiará especialmente a los que menos cobren. Enfrente, y cada vez más radicalizados, los partidos de la oposición, que coinciden unánimemente en que se trata de una reducción fantasma e injusta, ya que a los que mejora de verdad es a los que más cobran. El hecho es que el Gobierno, en los casi tres años que está al frente del Estado, ha subido los impuestos en unos treinta mil euros y que esta reducción representa poco más de siete mil. A todo esto, se da una circunstancia peculiar en el reparto de nuestra economía que nos hace diferentes con respecto al resto de los países que integran la Unión Europea: el noventa por ciento de los impuestos recaen sobre las familias; el diez por ciento restante sobre las empresas. A partir de ahí, como no podía ser de otra forma, el discurso de la autoridad competente no acaba de ser creído por la ciudadanía, que está convencida de que detrás de la reducción de los impuestos que entrará en vigor en 2015, se esconde algo oscuro. Es más, pocos callan ante lo que parece una inminente subida del IVA de productos que hasta ahora disfrutaban de uno especial reducido, que aseguran sufragará la reducción del IRPF anunciado por el Gobierno para julio de este año.
Por lo tanto, una vez más se enredan las cosas y los enfrentamientos entre los representantes de los partidos políticos son habituales, y además prometen ir para largo, aunque sin soluciones a corto plazo y con una gran perdida de sinergias positivas inútilmente. A nosotros no nos queda otro papel que el de observar y escuchar, y llegar a las conclusiones que el asunto nos merezca, pero sin posibilidad de influir en quienes tienen la posibilidad de cambiar lo que aseguran es bueno solo para unos cuantos. Los que defienden esta bajada de impuestos afirman que generará más dinero para invertir en los gastos habituales del día y que, al mismo tiempo, servirá para que muchas familias puedan ahorrar. También, que no influirá en la consecución del déficit que le exige Bruselas porque activará el consumo familiar. En definitiva, datos poco claros, decisiones políticas que no han compartido casi con nadie y que, por ejemplo, desde las autonomías han comenzado a llegarle las quejas porque entienden que finalmente serán éstas las que paguen los excesos electorales del Ministerio de Hacienda.
A todos estos datos, la reforma fiscal ha de suavizar parte de otros problemas que vienen de lejos en la Hacienda española. De entre ellos, una economía sumergida de dos números, un fraude fiscal que algunos han llegado a estimar en alrededor del nueve por ciento del PIB, y, por otra parte, la gran masa de exenciones que han hecho saltar por los aires el sistema fiscal español, muchas de ellas injustificadas. En definitiva, un sistema lo suficientemente enredado como para que al menos a los escasamente entendidos, como es nuestro caso, nos suenen a música los datos que nos ofrecen. Mientras, como puede observarse, hacen y deshacen como les viene en gana o entienden que es mejor, que todo hay que valorarlo. Por todo esto lo que esperamos es que las nuevas medidas y las que están por venir, que no tardarán en hacerlo, nos ayuden a seguir adelante, que con eso vamos sobrados.
