Los distritos de mejora empresarial comenzaron luego que se comprobó que en algunas ciudades de Canadá estaban dando resultados positivos. Se extendieron pronto por el resto del mundo y por el momento los implicados se declaran satisfechos. De hecho, en Barcelona, uno de sus barrios más emblemáticos y polémicos hace unos años que cuenta con este tipo de definición administrativa y sus organizadores solo hablan de este sistema maravillas. ¿Y de qué les estamos hablando? Pues todo viene como consecuencia de la presentación en el Congreso por parte del grupo popular de una propuesta ligada a lo que les decimos y que no consiste en otra cosa que no tenga que ver con la mejora, la vigilancia y el decoro de los barrios o distritos de la ciudad que deseen adherirse a este sistema. Así, los comerciantes y vecinos de un determinado barrio o zona de la ciudad que quieran mejorarlo, solo tienen que unirse a los que ya lo han hecho y, luego de no pocas firmas y adhesiones obligatorias, y no menos del pago de un canon que estará ligado a los gastos generales que deban afrontar, obtendrán beneficios inmediatos del tipo de su adecentamiento general, desde la limpieza a construcciones comunes hasta los jardines y zonas de recreo y, sobre todo, vigilancia e iluminación. Esto último es lo que más interesa a los empresarios de la zona, que ven cómo la presencia de vigilantes supone de hecho un añadido de seguridad para sus respectivos negocios.
La experiencia de Barcelona está siendo expuesta como banco de pruebas con excepcionales resultados. Pero hay que recorrer mucho camino hasta llegar a ver cómo se extiende por el resto del país, porque, entre otros defectos, es que no existirán las excepciones según la propuesta popular, es decir, que si un barrio se adhiere a esta norma, nadie podrá quedar fuera de ella. De esta forma se evita lo que en nuestro país es cosa normal: aprovecharse de las inversiones que hacen los demás sin que ellos tengan que pagarlas. Conseguir unanimidad en cosas ligadas a la economía no es nada sencillo para como está los negocios, pero es posible que una vez se conozcan las ventajas que aportará unirse a un proyecto de este tipo, la totalidad sea convencida y pueda instaurarse. Porque repetimos que la decisión debe ser unánime; lo que no sabemos es si desde las Administraciones se podrá obligar a la minoría que no esté de acuerdo.
Hay que saber que la implantación de este sistema no supone en ningún caso que los ayuntamientos eludan sus responsabilidades en ese barrio. Su trabajo se mantiene y proporciona los mismos servicios que antes, con la variante de que delega algunos de ellos en la organización que a partir de ese momento se responsabiliza de la gestión. Para algunas de las personas consultadas, la intención del Gobierno es crear un gobierno privado del que no conocen sus competencias reales, qué tipo de responsabilidades serán las suyas y ponen objeciones en general a los resultados. Por otra parte, la mediación de la autoridad municipal va más lejos, porque es la que debe encargarse de la aprobación del sistema, para lo que aprobará un plan de negocio y un referéndum entre los comerciantes. Finalmente, mientras en España se exige la adhesión completa de la totalidad de las personas o negocios que existan en la zona a mejorar y controlar, en otros países solo es necesaria una mayoría suficiente, permitiéndose que los gastos del sistema lo soporten unos cuantos. Este simple detalle es por sí mismo suficiente para que entre nosotros no se instaure la fórmula que plantea el grupo popular. Esto y que a los gastos de por sí excesivos tengamos que añadirle unos nuevos.
