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Era
urgente y muy necesario que alguien se atreviera. Que el señor
Pujol, muy honorable hasta hace unos días, haya pisado la línea
roja que separa a los corruptos del resto de ciudadanos y que,
después de su comparecencia en el Parlamento catalán, no se haya
movido un dedo por parte de quien suponemos debió hacerlo, es decir,
de la Fiscalía General del Estado, ha sido una inacción que no ha
pasado desaperciba para casi nadie. Lo mismo que ocurrió con sus
compañeros de Convergencia y Unión, que no solo no le preguntaron
nada al respecto del dinero ilegal que parece tener en cuentas
andorranas, sino que lo arroparon sin fisuras a la entrada y la
salida del pleno y que durante su desarrollo hicieron todo lo posible
para reventar su comparecencia. Por eso nos alegramos de que haya
sido el PSOE hace unos días y UPyD hoy los que hayan puesto en
marcha la maquinaria que controlará los supuestos delitos de fraude
fiscal y blanqueo de capital de esta familia. Ya ocurrió con Caja
Madrid, ahora Bankia, cuando UPyD acudió a los tribunales a
denunciar la gestión de sus últimos presidentes, Blesa y Rato,
proceso que se mantiene vivo y que esperemos finalice en poco tiempo.
Por el momento, solo una víctima podemos contabilizar y no
precisamente de estos gestores, sino del juez que comenzó la
instrucción del caso.
Todo
indica que la decisión del PSOE y UPyD se tomó luego de la
comparecencia del expresidente Pujol, quizás por las incongruencias
con que desarrolló todo su discurso y las pocas aclaraciones que
aportó al caso. En la denuncia del primero se puede leer que
“aunque se haga referencia a distintas investigaciones en curso, el
señor Pujol no ha sido imputado en ningún procedimiento, ni la
Fiscalía ha iniciado ninguna investigación tendente a aclarar el
origen del dinero referido y su posible significación penal".
Pero no están solos estos partidos políticos en este asunto, porque
recuerden que desde hace meses el sindicato Manos Limpias hizo lo
propio y presentó una querella ante un juzgado de Barcelona. Lo
mismo hicieron en su día Podemos, Guayem Barcelona y Ciudadanos, que
pidieron a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
que investigara a Pujol.
Los
delitos de los que el PSOE acusa a Pujol están centrados no solo en
los que se han conocido ahora, sino en los que pudo haber cometido a
lo largo de los treinta años en los que tuvo responsabilidades del
más alto nivel en el Gobierno catalán, ya que todo indica, dicen,
que si su conducta defraudatoria se realizó mientras ocupó altas
responsabilidades públicas, éstas están penadas con condenas de
hasta 11 años de prisión. Naturalmente, por el momento todo son
especulaciones y posiciones de partidos políticos y sindicatos
convencidos de que a lo largo de la trayectoria política del
expresidente catalán existen infinidad de anomalías económicas de
las que presuntamente se han beneficiado directamente sus hijos, que
han amasado grandes fortunas y que tendrán que demostrar ante los
jueces que no es así si quieren eludir las condenas a las que
posiblemente sean condenados por apropiación ilícita de dinero.
Que
los partidos políticos se involucren en asuntos de la trascendencia
e importancia que está teniendo el caso Pujol nos parece lo más
adecuado, y más teniendo en cuenta que la ciudadanía observa su
desarrollo desde la impotencia más absoluta. Que sean ellos los que
marquen el camino no solo muestra una decidida intención de conocer
la verdad, sino que avisan a los de dentro y los de fuera que la
corrupción en nuestro país tiene los días contados. Y buena falta
que nos hace que se acabe cuanto antes con los abusos casi
consentidos que cometen algunos regidores públicos o representantes
de partidos políticos en parlamentos autonómicos y nacionales. Dar
pasos en favor de más transparencia en la política española no
solo se hace aprobando leyes que luego no se cumplen, sino actuando
con contundencia y rigor.
